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Interior y las diputaciones trasladan su enfrentamiento al plan de seguridad vial

El proyecto queda aprobado aunque Álava y Guipúzcoa pidieron que se aplazase un mes

El Plan Estratégico de Seguridad Vial 2003-2006, cuyo objetivo es reducir en un 20% las muertes en accidentes de carretera, quedó ayer inicialmente aprobado pese a las graves diferencias que mantienen al respecto el Gobierno vasco y las tres diputaciones. Después de una vistosa presentación ante la prensa, presidida por el consejero de Interior, Javier Balza, surgieron a la hora de ir a aprobar el plan las discrepancias entre ambas partes. Álava y Guipúzcoa pidieron que se aplace un mes la aprobación del proyecto porque nadie les ha dado a conocer todavía el texto definitivo. Esta descoordinación deja en entredicho el propio documento, que apuesta por la colaboración institucional.

El plan fue presentado públicamente instantes antes de aprobarse. Un espectacular montaje audiovisual, conducido por el ex vicelehendakari Jon Azua, representante ahora de la empresa Bearing Point, que se encarga de los aspectos técnicos del plan, recalcó que una de las formas de reducir en un 20% la mortalidad en los accidentes es la "coordinación" institucional. Sin embargo, las administraciones que gestionan el tráfico y las carreteras en Euskadi -el Departamento de Interior y las tres diputaciones- viven el momento de mayor descoordinación y enfrentamiento en esta materia. Y así se pudo comprobar tras el acto público.

En la reunión convocada en la sede del Gobierno en Lakua estaban presentes todos los miembros de la Comisión Vasca de Seguridad Vial, tanto agentes públicos (ayuntamientos, varios departamentos del Ejecutivo y las diputaciones), como privados (autoescuelas, aseguradoras, transportistas, el RAC,...). Allí mismo, la Diputación de Guipúzcoa pidió la palabra para explicar que desconocía el documento que se iba a aprobar ayer porque nadie se lo había remitido, y que no se le dio opción de participar en su elaboración. Interior excluyó a las diputaciones del órgano decisorio. "Éste no es nuestro plan", concluyó el representante guipuzcoano.

Álava aseguró que sí dispone de un borrador, pero incompleto. Por eso ambas diputaciones pidieron que se aplazase un mes la aprobación del plan. Vizcaya, que también está enfrentada al Gobierno vasco por la competencia sobre tráfico, optó por "cerrar filas" con Interior para sacar adelante el plan. Finalmente y sin votación se aprobó el proyecto, a expensas de esperar un mes para las posibles propuestas de mejora de las instituciones forales.

Colaboración rota

El representante de Guipúzcoa recordó el conflicto institucional abierto y pidió la intercesión de Balza para restablecer la colaboración, ahora totalmente rota. Interior ha llevado el enfrentamiento a la Comisión Arbitral y los tribunales para aclarar quién tiene la competencia para gestionar los centros de control de tráfico, las cámaras de televisión y otros instrumentos instalados en las carreteras. El consejero, aunque partidario de separar el conflicto del plan aprobado ayer, cree que la responsabilidad es "al menos mutua". Eso sí, admitió que "todo influye en la seguridad vial".

Sin embargo, la discusión siguió. Las diputaciones acusaron, una vez más, a Interior de ocultarles los datos sobre las causas de la siniestralidad en las carreteras, pese a que está obligado a facilitarlos. "No los recibimos desde mayo de 2000. Los datos los conseguimos a través de la prensa. Es lamentable la imagen que estamos dando", criticaron las diputaciones. Balza se defendió afirmando que él mismo elaboró una propuesta de convenio enviada a las diputaciones que no recibió contestación. Éstas lo niegan y aseguran haber mandado ya sus contrapropuestas.

En ese contexto nace el plan de seguridad vial, cuyo objetivo máximo es reducir en cuatro años en un 20% el número de muertos en accidentes, una cifra que apenas se ha logrado rebajar en los últimos diez años. Además, se pretende llegar al 65% en el número de usuarios del cinturón (frente al 57% actual) y reducir al 4% las denuncias por no utilizarlo, y al 22% las derivadas del exceso de velocidad.

La comisión espera que el 97% de los motociclistas use casco en 2006 (un 94% ahora) y que un 75% de los vehículos tenga menos de diez años (frente al 69% actual). Además, se quiere reducir al 6% el porcentaje de tramos de carretera que concentran los accidentes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de enero de 2003