La cesión de suelo de Alperi a dos industriales generará 60 millones de negocio inmobiliario

La cesión de suelo del Ayuntamiento de Alicante a dos empresarios en compensación por el desmantelamiento de sus fábricas radicadas en el ámbito del Plan Parcial Benalúa generará un volumen de negocio de 60 millones de euros, según cálculos del grupo muncipal socialista en base a los valores actuales del mercado inmobiliario. El PSPV presentará un recurso de reposición contra el acuerdo alcanzado entre el alcade, Luis Díaz Alperi, del PP, y los industriales. "Hay que parar esta ilegal y graciosa donación de Alperi", dijo Blas Bernal, portavoz del grupo del PSPV.

Luis Díaz Alperi y los dos empresarios suscribieron sendos convenios urbanísticos el 27 de diciembre de 2002, merced a los cuales el Ayuntamiento cedió a los industriales una parcela de 10.000 metros cuadrados, valorados en 15 millones de euros en concepto de indemnización por el desmantelamiento de dos fábricas de harina radicadas en el ámbito del Plan Parcial Benalúa, una franja de terreno próxima al litoral, al sur de la ciudad. A cambio, la urbanizadora entregará al Ayuntamiento un centro social, valorado en unos 900.000 euros. Alperi materializó la operación pese a que en 1999 técnicos municipales de Urbanismo rechazaron indemnizar a los empresarios por el cese de la actividad de las industrias. Los documentos, sin el aval del secretario de la corporación, fueron aprobados por el pleno el pasado día 17.

Ángel Franco, senador y secretario general local del PSPV, y Blas Bernal, portavoz del grupo municipal socialista y candidato a la alcaldía, redoblaron ayer su críticas al alcalde por la firma de los convenios, que tildaron "como el segundo mayor escándalo financiero cometido por el Alperi, el primero fue el agujero de Mercalicante", puntualizó Franco. "Pero en este caso, Alperi no puede decir como entonces que pasaba por allí o lo engañaron [Alperi declina responsabilidades en el caso Mercalicante alegando que el ex gerente engañó al consejo], ya que ha sido él, en primera persona, el que ha firmado los acuerdos con los industriales", añadió.

El senador insistió en que el alcalde "ha regalado con fondos públicos" a dos empresarios de la ciudad un solar valorado en unos 15 millones de euros, a cambio de 900.000. "Además, el impacto económico final de la operación reportará a los industriales uno 60 millones de euros". "Para ello sólo hay que multiplicar el número final de viviendas que se construirán por su valor en la zona, una área privilegiada de la ciudad", explicó. En el solar se podrán edificar unas 1.600 viviendas, a un precio medio de unos 360.000 euros, "un escarnio económico para la ciudad", matizó.

Por su parte, Blas Bernal abundó en la ilegalidad del convenio. "El acuerdo incumple varias normas de ley del suelo y reglamentos municipales y, además, el expediente está incompleto", dijo. El candidato a la alcaldía anunció que la primera iniciativa de su grupo será la presentación de un recurso de reposición ante el Ayuntamiento, "si no prospera esta iniciativa, acudieremos a la vía de lo contencioso-administrativo", subrayó. "El acuerdo sólo se sostiene en base a la mentira y la ocultación, en suma, un ejemplo de abuso del poder frente al imperio de la ley", argumentó.

Para Bernal, la primera irregularidad del acuerdo entre Alperi y los industriales es "que vulnera el mandato legal de un reparto equitativo de beneficios y cargas, y, por tanto, es nulo", precisó. La imposibilidad del reparto de cargas entre el conjunto de la propiedad se deriva de la subdivisión del sector en dos unidades. Precisamente, en la número uno sólo hay dos propietarios para afrontar las cargas y costes de urbanización: el Ayuntamiento y los dos industriales. "El Ayuntamiento se hubiera tenido que limitar a hacerse cargo de la reserva de suelo y no a indemnizar, sin estar obligado a ello", argumentó.

En su recurso, los socialistas mantienen que los acuerdos vulneran, entre otras normas, la Ley del Suelo no urbanizable en su disposición número cuatro referida a convenios con finalidad urbanística. Ese artículo de la norma recoge que los convenios de estas características han de ir acompañados de un apartado expositivo en el que se justifique la conveniencia de la operación en función del interés general y la estrategia de ordenación del territorio. Los convenios también infringen el Reglamento de Biennes Locales en apartado referido a la enajenación y el destino de los recursos obtenidos. "Ninguno de estos requisitos legales se cumplen", aseveró. El portavoz del grupo del PSPV concluyó que "este cúmulo de irregularidades está coronado con la ausencia del informe del secretario de la corporación, a pesar de afectar al planeamiento".