El Gobierno vasco recusa de nuevo al presidente del Constitucional

El Gobierno vasco acordó ayer presentar un nuevo escrito de recusación contra el presidente del Tribunal Constitucional (TC) y ponente en la resolución del recurso interpuesto por el Ejecutivo autónomo contra la Ley de Partidos, Manuel Jiménez de Parga. Sus últimas consideraciones públicas, estima, revelan que tiene ya "formado un juicio" y guarda animadversión contra el Gobierno vasco, todo lo cual le impide ser imparcial.

El Gabinete que preside Juan José Ibarretxe ha tomado como base para esta nueva recusación -la anterior fue desestimada el 19 de noviembre pasado- las controvertidas afirmaciones efectuadas por el presidente del TC la semana pasada sobre las nacionalidades históricas en España, en las que se pronunció también sobre el proceso de ilegalización de Batasuna que se sigue en el Tribunal Supremo.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, afirmó que la imparcialidad del TC ha quedado "definitivamente empañada" y "maltrecha" debido a la "manifiesta y meridiana predisposición de su presidente".

"Ya no se trata, como ocurrió en la primera recusación, de opiniones expresadas con anterioridad a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley", ni tampoco de un respaldo que pudiera inscribirse en el debate académico, dijo Imaz. "Ahora lo que hay es un pronunciamiento claro y diáfano a favor de la ilegalización" de Batasuna, afirmó.

El Ejecutivo vasco razona que esa toma de posición es aún más grave porque se produjo en presencia de miembros de la Sala Especial del Tribunal Supremo que deberán decidir, antes de dictar la sentencia, si plantean o no ante el TC una cuestión de inconstitucionalidad. El Gobierno de Vitoria cita también en su recusación la "animadversión" de Jiménez de Parga hacia el Ejecutivo vasco. Por esto, y por el malestar que le causó la recusación, "no está en una situación de ánimo que le permita ser imparcial", asegura. La recusación adjuntará sentencias del propio TC que determinan el alcance de la garantía de imparcialidad, e incluso de su apariencia, que es exigible a jueces y magistrados.