El Poder Judicial respaldará el aumento a 40 años de la pena máxima y objetará la retroactividad de la ley
El primer informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma penal que propone el Gobierno se saldará con el respaldo a la mayor parte del anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas de Reforma para el Cumplimiento Íntegro y Efectivo de las Penas. Así se deduce del borrador de informe que ultiman los ponentes Adolfo Prego, propuesto por el PP, y Luis Aguiar, vocal a iniciativa del PSOE, que avala la constitucionalidad de la elevación a 40 años de cárcel de la pena máxima y objeta la pretendida retroactividad de la futura ley.
Uno de los puntos más polémicos del anteproyecto que informará el CGPJ es la elevación del límite máximo de cumplimiento de penas de cárcel a 40 años, que en algunos sectores jurídicos ha sido considerada inhumana o degradante, prohibida por el artículo 15 de la Constitución.
El texto gubernamental eleva el tope de 40 años de cárcel para el condenado por dos o más delitos, alguno de los cuales esté castigado con más de 20 años, y cuando el delincuente haya sido condenado por dos o más delitos de terrorismo "y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años".
La dureza de esta medida queda reforzada para los terroristas y miembros de organizaciones criminales, ya que los beneficios penitenciarios a estos delincuentes se referirán a la totalidad de las penas impuestas. Además quedarán excluidos de la posibilidad de que el juez de vigilancia penitenciaria les aplique el régimen general de cumplimiento, previo pronóstico de reinserción.
El borrador de informe estima que la fijación en 40 años del tiempo máximo de cárcel no constituye cadena perpetua ni es contrario a la Constitución. El texto propone, sin embargo, que no se cierre el paso a la reinserción de los terroristas, como ocurriría si se mantiene como está el artículo 78 de la futura ley.
Aplicación retroactiva
Los dos ponentes discrepaban ayer y trataban de alcanzar un acuerdo antes del jueves sobre la eficacia en el tiempo de las nuevas normas penales. Ambos coinciden en que una ley sin disposiciones transitorias y que dispone que entrará en vigor "el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado" exige una aclaración sobre el alcance de su aplicación retroactiva.
Aguiar defiende "la radical irretroactividad de las normas penales" y espera alcanzar un acuerdo con Prego, partidario de una irretroactividad más matizada. Aguiar invoca preceptos constitucionales como el artículo 9.3 ["irretroactividad de las disposiciones sancionadoras"] y el 25.1 ["Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito (...), según la legislación vigente en aquel momento"].
El proyecto de informe de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ está previsto que se apruebe el próximo jueves, mientras que el pleno del Consejo del 4 de febrero aprobará el informe definitivo, no vinculante para el Gobierno. La presencia en dicha comisión de representantes de los sectores conservador y progresista permite anticipar que el consenso que se alcance el jueves tendrá reflejo en el acuerdo del pleno.
