"El sistema de habilitaciones de la LOU es de la máxima ineficiencia"

Lluís Ferrer Caubet (Palma de Mallorca, 1959), rector de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), está muy preocupado por la deriva privatizadora que delatan decisiones como la del Gobierno británico, que encabeza el laborista Tony Blair, de triplicar el precio de las tasas universitarias. "Es temible esta reconversión salvaje de los servicios públicos", asegura, "porque tiene que ver con las políticas de reducción de impuestos que, en realidad, benefician a los ricos". "Esto es lo que nos espera aquí", añade, "todos los mensajes que las universidades recibimos, tanto de la Generalitat como del Gobierno central, es que la financiación pública ha llegado al límite y que hay que conseguir dinero directamente del usuario".

"No podemos renunciar al acceso de toda la población a la enseñanza superior"

"Convergència i Unió pecó de una gran ingenuidad al votar la LOU"

Como rector, Ferrer Caubet es una novedad. Representa la llegada a lo más alto de la Universidad de la primera generación académica de la democracia, gente muy bien preparada, que ha visto mundo ya que dispuso de becas y ayudas para realizar doctorados en universidades extranjeras. Es veterinario. Se doctoró en 1984 en Hannover y en 1992 obtuvo la cátedra de Medicina y Cirugía Animal de la UAB. Especialista mundial en dermatología comparada, ha sido profesor visitante en universidades de todo el mundo. Fue decano de la Facultad de Veterinaria de la UAB y vicerrector con el anterior equipo de la UAB, que encabezaba Carles Solà.

Pregunta. ¿Se acabará privatizando la enseñanza superior?

Respuesta. Tal vez sea necesario introducir cambios en la financiación, pero no hay que romper el modelo público. El 80% de los títulos que damos en la UAB los reciben personas cuyas familias es el primer título universitario que han tenido. La generalización de la enseñanza superior ha sido algo muy importante en este país. No podemos renunciar a principios tan importantes como el acceso de toda la población a la Universidad o a la sanidad al más alto nivel en los grandes hospitales.

P. ¿Cómo ve la Ley Orgánica de Universidades (LOU) a un año de su aprobación? ¿Qué ha pasado con la entrada masiva de nuevos profesores titulares aprovechando los últimos resquicios de la vieja legislación?

R. Sin duda la LOU ha propiciado una anomalía en la entrada de nuevo profesorado y, como siempre que las cosas se hacen precipitadamente, esto tendrá sus costes, que pagaremos en los próximos años. Pero, además, ahora empieza a funcionar el sistema de habilitaciones previsto en la nueva ley y todo parece indicar que no funciona. En la primera convocatoria las universidades españolas hemos pedido un total de 97 plazas; el consejo coordinador, a ojo de buen cubero, ha acordado que se habiliten 166 profesores y se han presentado más de 2.300. Es decir, tendremos que examinar a varios miles para seleccionar a 166 para ocupar 97 plazas. Pero muy pocos, poquísmos de quienes consigan la habilitación, querrán ocupar alguna de las 166 plazas disponibles en universidades y especialidades que no les interesan por múltiples razones. Simplemente querrán estar habilitados para poder acceder a determinada plaza que se abra en su universidad o en el centro que les interese. Las universidades, por tanto, no podrán cubrir las 97 plazas que han pedido. Es decir, el sistema es de la máxima ineficiencia. Yo creo que la ministra no tendrá más remedio que revisarlo y acercarse más al modelo alemán, por el que la habilitación es simplemente el requisito previo para acceder a una plaza de profesor, pero no está ligada al número de plazas que piden las universidades.

P. Y además está la cuestión del profesorado contratado al que abre la puerta la LOU.

R. Sí, se producirá un curioso atasco. Por una parte, los que han aprovechado el último hueco de la LRU para entrar en la Universidad; por otro, los 2.300 que piden la habilitación, y finalmente, los contratados. No sabemos cómo va a funcionar. Cataluña va a ser la primera comunidad que tenga una ley de universidades. Parece que se aprobará antes de mediados de febrero y entonces se abrirá automáticamente la guerra de las agencias de calificación.

P. Pero CiU votó a favor de la LOU argumentando que había conseguido que Cataluña tuviera su propia agencia de calificación, que existe desde hace años.

R. La Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (Aneca) es la única que puede acreditar para todo el sistema. CiU pecó de una gran ingenuidad. Pese a que estaba claro que la LOU lo que buscaba era controlar el sistema, creyeron que se dejaría a las comunidades autónomas controlar la contratación. Pero la Aneca tiene voluntad de contratación. Andreu Mas-Colell creyó de verdad que era posible que la agencia catalana controlara la vía contractual, pero el texto de la ley deja bien claro que la que manda es la Aneca. La batalla no está perdida, pero pintan bastos. Sólo un acuerdo entre las dos agencias por el que se reconociera la capacidad de acreditación salvaría el modelo defendido por CiU, pero en Madrid no van por ahí. Sirva como ejemplo que dentro de una semana se celebran en Madrid unas jornadas sobre acreditación y están invitadas agencias de toda Europa, incluso de Flandes, pero no la catalana, que fue la primera que existió en España.

P. En el orden académico ¿cuál es el principal problema al que se enfrentan las universidades?

R. El de la distribución de los estudios. Ahora mismo hay un gran número de estudios que no atraen a los estudiantes y otros que se llenan. Por ejemplo, no hay alumnos para Física, Matemáticas o Historia, y los necesitamos. Hay que conseguir que la gente recupere el sentido vocacional, que estudie determinadas cosas por el simple placer del conocimiento. Los jóvenes deben saber que vivir cuatro o cinco años en un campus como el nuestro es algo fantástico, que cambia la vida, una experiencia determinante.

P. ¿Cómo cambiarán los planes de estudios?

R. El proceso de Bolonia, la homologación de los estudios superiores en Europa, está empezando a ponerse en marcha y lo cambiará todo. Nos llevará a una estructura diferente: menos primeros ciclos, que serán más generalistas, y más segundos ciclos con una permeabilidad total. Ahora en la UAB damos 75 titulaciones, la mayoría con su primer ciclo propio. En el futuro no creo que haya más de 20 primeros ciclos y, por el contrario, un número mucho mayor de segundos ciclos con una gran facilidad de intercambio. A nosostros este modelo nos viene muy bien, porque tenemos un campus único y cohesionado, todo el mundo podrá acceder a cualquier tipo de conocimiento.

P. ¿Se estratificará el sistema? ¿Habrá distintas categorías de universidades?

R. Sí, se puede estratificar el sistema. Podemos establecer distintos baremos de calidad. No es necesario el igualitarismo. Pero el acceso debe ser universal y meritocrático. Si se establece un modelo como el que propugnan Blair y el informe Dearing, que supone que el alumno debe pagar el precio real -el coste- de los estudios que cursa, y la discusión se traslada a cómo y cuándo debe hacerlo efectivo, sea con becas, préstamos blandos u otros modelos, entraríamos en una perversión del sistema, ya que las becas y las ayudas no garantizarían la igualdad de oportunidades. Entonces, el sueño de la izquierda, la educación -y también la sanidad-, se habrá perdido.