Renta agraria

A quien se le haya ocurrido el término "renta agraria" para sustituir al subsidio de desempleo, no hay más que reconocerle, cuanto menos, algo de audacia. En lo pueblos andaluces, los únicos rentistas que se conocían hasta ahora eran los terratenientes que preferían, en mucho de los casos, dejar sus fincas en manos de otros para que las explotaran a cambio de unas sustanciosas y seguras contrapartidas económicas. Sin embargo, a partir de ahora, nos vemos obligados a pensar en que los jornaleros en paro pueden ser susceptibles, también, de percibir, no ya un salario o seguro de desempleo, sino toda una renta. Los lingüistas tienen en esta novedad materia suficiente para investigar en torno a lo que dan de sí los eufemismos. A lo mejor todo resulta un esfuerzo inútil si corre esta definición la misma suerte que la de AEPSA, siglas con las que el PP quiso en su día pasar página. Da igual, porque la ciudadanía seguirá llamando a este sistema PER, se pongan como se pongan.

El lenguaje dará para más. Por ejemplo, para comprobar las piruetas que darán en el Partido Popular para tratar de apuntarse el tanto y sostener, sin perturbarse lo más mínimo, que no han llegado a rectificar con respecto a su propuesta inicial incluida en el ya fenecido decretazo.Un simple vistazo a lo que finalmente ha quedado en el texto nos dará una idea clara de que las cosas han sufrido modificaciones apreciables hasta el punto de que se puede considerar como toda una claudicación producto de la presión que se ha ejercido desde Andalucía. La reafirmación de esta idea, que trasluce una evidente derrota en toda regla del Gobierno central, centrará buena parte del debate político de esta semana. Por de pronto, los sindicatos UGT y CC OO tienen previsto reunirse con los representantes de los distintos grupos políticos en el Parlamento andaluz, excepto el PP. Una cita que, sin duda, va servir para escenificar la celebración del triunfo que ha significado frenar desde aquí la voluntad inicial del Ejecutivo de suprimir de un plumazo los derechos sociales de los trabajadores del campo.

El que puede salvar la cara de este proceso puede que sea el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, quien al final se ha visto forzado a corregir lo que otros hicieron mal. Su figura emerge por encima de la de su compañero de gabinete, Javier Arenas, quien el mismo día que se anunciaba un acuerdo en torno al PER y la desconvocatoria de la huelga del 20-F, trataba de lograr alguna cuota de protagonismo hablando, otra vez, del inminente traspaso de las Políticas Activas de Empleo. A pesar de ello, ya deben tener claro en la Junta que con quién tienen que despachar este asunto no es otro que con el político levantino si es que quieren que las cosas lleguen a buen puerto de una vez por todas.

Puede que la cuestionada capacidad de interlocución de Arenas para resolver los asuntos relacionados con Andalucía sea uno de los muchos efectos colaterales que queden del conflicto del campo. Otro de ellos, es el serio desgaste que han sufrido los populares en las zonas rurales de Andalucía. Ocho meses de aguantar el tipo para luego cambiar de nombre las cosas y doblegarse a las exigencias sindicales. No es de extrañar que más de uno en las filas del PP esté pensando si después de todo ha merecido la pena el riesgo al que le han sometido los suyos en Madrid.

Mientras tanto, el presidente andaluz, Manuel Chaves cruza el Atlántico para apoyar la campaña de promoción del aceite de oliva en Estados Unidos. Encabezará una delegación andaluza que coincidirá con uno de los momentos más decisivos a la hora de determinar si habrá o no guerra contra Irak. Se desconoce si en Norteamérica le reprocharán su rechazo a la utilización de las bases de Rota y Morón en la posible contienda, pero de seguir así las cosas no sería de extrañar encontrar a Chaves en la próxima marcha contra la bases que se celebra anualmente en la localidad roteña y que es convocada por las organizaciones de izquierdas y pacifistas.