Legalizar o erradicar

Llegó la píldora anticonceptiva, y con ella, la revolución sexual. La España de las buenas costumbres no se libró de la influencia. Su presencia sirvió para ir quitando estigmas al sexo, y la mujer la vivió como propiciadora de su libertad sexual. Pero quienes pensaban que la liberación sexual disminuiría el negocio de la prostitución se equivocaban.

Hoy, la venta del sexo, ni prohibida ni legalizada, mueve en España más de 72 millones de euros al año, y cuenta con 300.000 prostitutas, el 20% de ellas callejeras (datos del Instituto de la Mujer). Una minoría, esta última, a la que se añade la masculina, que, cansada de vivir un traslado de una zona a otra en las ciudades, metió mucho ruido a favor de la legalización de su actividad a principios de este año. Su protesta, unida a la que ya habían realizado los vecinos de los barrios donde ejercen, consiguió que el Senado se apresurara a crear una comisión de estudio, con el fin de llevar los resultados a un debate parlamentario sobre la posible regulación de esta actividad.

Hoy, la venta del sexo mueve en España más de 72 millones de euros al año y cuenta con 300.000 prostitutas, el 20% de ellas callejeras, según cálculos del Instituto de la Mujer

"¿Qué está pasando para que los hombres españoles, después de 30 años de democracia, sigan necesitando pagar?", se pregunta la diputada de IU Marisa Castro

En ocho meses de trabajo, la comisión ha recibido a sociólogos, profesionales sanitarios y otros expertos. En un futuro próximo comparecerán los colectivos implicados y representaciones de grupos feministas. De los resultados hasta ahora recogidos se desprende que la prostitución en España está en auge. La senadora popular Cristina Klimowitz, presidenta de la comisión, habla de que los estudios recogen la prostitución como un mundo diverso "en el que no caben estereotipos y prejuicios que equiparan a todas con el mundo de la explotación sexual y el tráfico. No todo es esclavitud ni violencia", dice Klimowitz. "No todas las mujeres son víctimas, porque en algunos casos la decisión es individual", añade la senadora popular.

Dos asociaciones españolas defienden los derechos de las prostitutas, pero desde posturas muy diferentes. La APRAMP, que trabaja para la prevención y la reinserción de la mujer prostituida ayudándole a encontrar otro tipo de trabajo, aboga por "que no se regule con una ley algo que es una esclavitud y un tráfico de mujeres", afirma su directora, Rocío Nieto. Hetaira, por su parte, ve necesaria una legislación que consiga que esta actividad deje de ser "un trabajo estigmatizado por la sociedad" y reconozca los derechos laborales, sociales y humanos de estas mujeres, "como los tiene el resto de los ciudadanos". Hetaira trabaja principalmente en nombre de esa minoría que ofrece sus servicios en las calles.

Varios partidos y asociaciones feministas exigen que la prostitución no sea legalizada y sea abolida, por la vía de adoptar medidas de desarrollo, preventivas y de reinserción, basadas en programas de educación e igualdad de oportunidades en el ámbito del trabajo; que se den papeles a las inmigrantes que se ven atrapadas en las redes de la prostitución forzadas o por necesidad, y que el Código Penal (CP) vuelva a castigar al proxeneta que se lucra con el comercio del sexo, eliminando la modificación de 1995 que sólo considera delito este lucro cuando hay coacción y malos tratos.

Una línea que apoyan un gran número de diputadas del abanico parlamentario de izquierdas. El debate está abierto en el seno de estos partidos, pero sus diputadas dudan de que se produzca un consenso, debido a la desigualdad de pareceres con los hombres. "Tendremos que encontrar un pacto entre mujeres; si no, decidirán las mayorías democráticas, y estas mayorías están compuestas principalmente por hombres", dice Marisa Castro, diputada de IU. "Que quede claro", añade Castro, "que esta realidad es producto de la discriminación histórica impuesta por los hombres. No es un oficio o profesión, como frivolizan algunos, y, desde luego, no es el oficio más antiguo, sino la forma de explotación más antigua. La prostitución hoy tiene una cara pobre, principalmente de inmigrantes. ¿Qué está pasando para que los hombres españoles, después de 30 años de democracia, sigan necesitando pagar?", pregunta la diputada.

La senadora socialista Fátima Aburto puntualiza que, "cuando se utiliza como argumento que la prostitución ha existido siempre, hay que responder que lo mismo sucede con la violencia de género y eso no quiere decir que haya que mantenerla". "La prostitución", añade, "es la consecuencia extrema de la desigualdad entre géneros, y la prostituta no es libre para ejercer. La libertad tiene grados, y el de la prostituta es mínimo".

Las abolicionistas recuerdan que el comercio del sexo responde a una "realidad patriarcal. Su legalización serviría para provocar más machismo en la sociedad y rebajar la dignidad de todas las mujeres", afirma Lidia Falcón, abogada y escritora, y líder del Partido Feminista de España. Para Falcón, las prostitutas "están vendiendo su propio yo y no sólo su cuerpo, como se pretende hacer ver. Es una relación de dominio del hombre: el que paga manda", dice.

Las feministas temen que una ley pudiera servir a las mafias del comercio con el sexo para convertirse en empresarios de alterne amparados por la legalidad y podrían someter a las prostitutas a su voluntad en locales aislados fuera de las ciudades, de difícil control. ¿Quién va a determinar lo que están dispuestas a hacer dentro de las habitaciones, y quién va a defender sus derechos si se oponen a actos que no quieren realizar?, preguntan.