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Editorial:

'Célula durmiente'

La detención ayer, en diversas localidades catalanas, de 16 personas, la mayoría de nacionalidad argelina, sospechosas de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda que dirige Osama Bin Laden, refuerza la hipótesis del importante papel que el terrorismo islámico ha adjudicado a España como zona de retaguardia y de instalación de células durmientes, en espera de la orden de actuar. Con las detenciones de ayer se eleva a 40 el número de personas apresadas en España por su supuesta vinculación a Al Qaeda tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Tiene razón, pues, el presidente del Gobierno al señalar que la amenaza del terrorismo islámico no es una fantasía. Los datos señalan que está bien presente en España y que sólo una vigilancia extrema, como la que ha permitido la operación policial de ayer, puede conjurar esa amenaza y evitar que se convierta en un peligro real.

Aznar ha valorado la operación como "la desarticulación" de una importante red de terroristas vinculada a Bin Laden, que "estaba preparando la comisión de atentados con explosivos y con material químico". Y aunque habrá que esperar a los resultados de la investigación judicial, el material intervenido por la policía -equipos portátiles de transmisión, ordenadores, explosivos y productos químicos para fabricarlos- y las conexiones de algunos de los detenidos con células terroristas establecidas en el Reino Unido y Francia hablan de la peligrosidad del grupo desarticulado. Han sido esas conexiones, en especial las mantenidas con presuntos terroristas detenidos recientemente en el Reino Unido y en Francia, las que han llevado a las policías de estos países a alertar a la española sobre la existencia de la red desmantelada. Lo cual demuestra una vez más, por si hiciera falta, la importancia de la colaboración o incluso de la actuación policial conjunta entre países que se enfrentan a una amenaza terrorista que no tiene fronteras y que puede hacerse sentir en cualquier parte. Huelga decir que las detenciones de ayer no pueden suponer en absoluto la criminalización de los inmigrantes magrebíes que viven y trabajan en Cataluña.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de enero de 2003