La Junta exige a Fomento un mayor control sobre los barcos que transitan por el Estrecho

El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, reclamó ayer al Ministerio de Fomento un incremento de las medidas de vigilancia y protección de la bahía de Algeciras, tanto en lo tocante a las inspecciones de los barcos como en lo referido a vertidos y tráfico de embarcaciones por el estrecho de Gibraltar. Perales criticó la "situación desoladora" de la Capitanía Marítima de Algeciras, y calificó de "oportunista" el expediente sancionador abierto a la naviera propietaria del Spabunker IV, la gabarra que se hundió el martes con 1.374 toneladas de combustible.

El alcalde de Algeciras, Patricio González, lamentó que el Gobierno no haya invertido "un solo euro" en la protección de la bahía pese a haber cobrado importantes indemnizaciones por contaminación.

Perales viajó ayer a Algeciras para presentar a sindicatos, empresarios y representantes de las instituciones del Campo de Gibraltar un plan estratégico para "mostrar el rostro verde" de la zona, ante el daño que suponen para su imagen accidentes como el del Spabunker IV. El consejero incidió en la necesidad de que Fomento incremente el personal del servicio de inspección marítima y los medios materiales de la Capitanía, cuya situación considera "desoladora".

También reclamó un acuerdo entre España y el Reino Unido para que Gibraltar cumpla la normativa europea de seguridad medioambiental en el tráfico marítimo. "Es necesario acordar con los países vecinos la delimitación de zonas de refugio y extremar las medidas de control", dijo.

El consejero criticó la actuación de la Capitanía Marítima de Algeciras en cuanto a la inspección de los barcos. "Es doloroso que la Capitanía reconozca ahora que el barco navegaba fuera de la ley, y también es oportunista", protestó. Pero la Junta no ha sido la única institución crítica con la actuación del Ministerio de Fomento. El alcalde de Algeciras, el andalucista Patricio González, calificó de "incomprensible" que la inspección marítima permitiese que la gabarra hundida navegase con un documento caducado. "No entiendo cómo pasó la revisión del 15 de enero", comentó.

Sanciones administrativas

"No es admisible que la Capitanía Marítima hable de sanciones administrativas a la empresa cuando se está volcando para intentar que todo esto acabe cuanto antes", se quejó González, que agregó: "Al Ministerio de Fomento hay que recordarle que, con casi medio centenar de vertidos ocurridos en la bahía de Algeciras en los últimos dos años, nunca ha invertido un solo euro en medios para intensificar el control, a pesar de haber cobrado más de 720.000 euros por los avales depositados por los armadores de cinco barcos a los que se acusó de ser los responsables de vertidos. En la bahía de Algeciras, el que contamina no paga. Aquí es diferente; cobra quien permite que se contamine".

González indicó además que el Ayuntamiento había ingresado 36.000 euros en los últimos dos años en concepto de indemnización por los daños que tres de estos vertidos ocasionaron a las playas del término municipal, pero aclaró que "ese dinero no vino del Gobierno, sino que fue gestionado directamente por el municipio".

Por su parte, el Grupo Popular en el Parlamento Europeo presentó ayer ante la Comisión Europea y la presidencia del Consejo dos preguntas sobre los vertidos de hidrocarburos en la bahía de Algeciras y las prácticas de bunkering (trasvase de combustible entre barcos). Los populares reclamaron "una actitud más decidida" para aplicar los compromisos sobre seguridad en el tráfico marítimo en los países miembros, y especialmente en Gibraltar, informa Europa Press.

El portavoz popular en la Eurocámara, Gerardo Galeote, reclamó a la Comisión que se pronuncie sobre la necesidad de reforzar la normativa comunitaria sobre la práctica del bunkering, y que se obligue a los Estados miembros a hacer cumplir las reglas fijadas para esta actividad. También reivindicó una nueva directiva para sancionar a los responsables de actos de contaminación marina.

La situación de la gabarra hundida con 1.374 toneladas de combustible se mantiene estable, y los análisis realizados ayer no arrojaban niveles de contaminación importantes. El coste estimado para la operación de extracción del combustible y el rescate de la gabarra es de 3.800.000 euros, según el Ministerio de Fomento. El Ministerio comunicó ayer oficialmente a la empresa Ciresa la apertura de un expediente sancionador por navegar con el despacho caducado y un tripulante menos de lo preceptivo.