Derechos Humanos dice que el recorte de libertades no da mayor seguridad

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía censuró ayer con dureza las reformas penales propuestas por el Gobierno al considerar que suponen un "retroceso importante en las libertades", según su presidente, Rafael Lara. La organización anunció que está dispuesta a denunciar las reformas, si finalmente se materializan en su trámite parlamentario, ante el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, además de iniciar una campaña de sensibilización pública contra estos cambios.

En una conferencia de prensa, Lara defendió el derecho de los ciudadanos a "vivir con tranquilidad" pero advirtió de que los cambios legales postulados por el Ejecutivo no se traducirán en un clima de mayor seguridad ciudadana. "No son medidas que vayan a tener luego efectividad al acrecentar la desigualdad y recortar derechos y libertades", dijo.

El principal reproche de la organización se debe a la ausencia de políticas sociales que ayuden a atajar la marginación y la desigualdad social que consideran la raíz de actos delictivos y se hace sólo hincapié en el endurecimiento de medidas policiales y penitenciarias. "Cuanto más dura es la política penal, más reincidencia se produce", aseguró Lara. El representante de Derechos Humanos atribuyó el incremento de reclusos en las prisiones -la ocupación media en Andalucía es del 162%- al endurecimiento de las actuaciones policiales de los últimos meses. "Hemos superado los niveles de la posguerra", dijo. Rafael Lara también criticó los cambios en materia de extranjería e inmigración. "El Gobierno cree que puede resolver un fenómeno estructural como la inmigración con la cárcel", censuró.

Hacinamiento de presos

Por su parte, la responsable del área de cárceles de la organización, Ester Muñoz, criticó el "hacinamiento" de los presos en centros como el del Puerto II, donde la ocupación es del 232%, y la inversión millonaria prevista para la construcción de 9 nuevas prisiones (dos de ellas en Andalucía), que estimó en 1.400 millones de euros.

Muñoz acusó al Gobierno de quebrar el actual sistema de reinserción penitenciaria "a golpe de escoba" y recordó que en un estudio de 2001 de la Central de Observación de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, se defienden la reinserción y los beneficios penitenciarios como herramientas más eficaces para evitar la reincidencia. "Si queremos realmente defendernos de nuevos delitos, el camino no parece ser el endurecimiento de las penas y de las condiciones de cumplimiento", señala el texto citado por Derechos Humanos. Para la organización, las iniciativas anunciadas por el Gobierno, que ahora comienzan su tramitación parlamentaria, son "el fruto de un fracaso abrumador de la política de seguridad ciudadana que se diseña al margen de políticas sociales de prevención".