La Junta amplía los criterios para acceder a la compra de una vivienda de protección oficial

La escandalosa subida del precio de la vivienda está obligando a las administraciones a tomar medidas correctoras. El Gobierno andaluz ha decidido dar un paso en este sentido y prevé ampliar los criterios para acceder a un piso de protección oficial en el próximo plan de vivienda (2003-2005). Hasta ahora, el requisito fundamental para tener derecho a una vivienda de protección oficial (VPO) era no percibir más de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI) al año (unos 15.000 euros). En el futuro podrán acceder a una vivienda de protección las familias cuyos ingresos sean de hasta cuatro veces el salario mínimo, aproximadamente unos 25.000 euros anuales.

El encarecimiento del precio de las viviendas de construcción libre hace que un segmento de la población cada vez más amplio tenga serias dificultades para comprar un piso, problema que se agrava especialmente entre los jóvenes. Dos datos ilustran esta idea: entre 1998 y 2002, el precio de la vivienda ha subido en la comunidad un 76% (un 82,7% en España) y el esfuerzo que hacen las familias andaluzas para comprarla supone el 41,6% de su renta (el 50,9% de media en el conjunto del Estado).

Para intentar paliar esta vorágine, el Consejo de Gobierno de la Junta emplazó ayer a la Consejería de Obras Pública a redactar en un plazo máximo de tres meses el tercer plan andaluz de vivienda, que tendrá vigencia entre 2003 y 2005 (hasta que se apruebe se prorroga el anterior).

La titular de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, anunció ayer tras la reunión del consejo las líneas maestras de este plan, que persigue ampliar la oferta de viviendas protegidas. Gutiérrez lamentó que el plan nacional de viviendas para este periodo sólo prevea la construcción de 5.000 VPO al año en la comunidad, cuando la demanda real se sitúa por encima de las 15.000.

Principal novedad

El documento base sobre el que trabaja la Consejería de Obras Públicas recoge como principal novedad la ampliación del criterio fundamental para acceder a una VPO; esto es, que una familia perciba hasta cuatro veces el salario mínimo, cuando hasta ahora para acceder a una vivienda no se podía cobrar más de 2,5 veces el SMI.

El objetivo del plan andaluz es facilitar el acceso a la primera vivienda a las personas con recursos limitados, a los menores de 35 años y mayores de 65, a las familias numerosas y monoparentales y a las familias "con especiales problemas sociales".

Ante la circunstancia que se ha producido por el retraso en la emancipación de los más jóvenes por las dificultades de comprar una vivienda, el Gobierno autonómico estudia implantar programas de alquiler de viviendas. El principal problema para combatir el fenómeno de las casas vacías (más de 300.000 en Andalucía, según dijo ayer Gutiérrez) es la resistencia de los propietarios por temor a que los inquilinos no paguen, causen destrozos en los pisos o pasen un calvario para propiciar un desahucio. La consejera de Obras Públicas afirmó ayer que la Junta intentará quitar "el miedo" a los propietarios para que se animen a alquilar estas viviendas que no ocupan.

Estas medidas se aplicarán especialmente en las capitales de provincia y sus áreas metropolitanas; en los municipios con más de 20.000 habitantes y en los del litoral "y otros de especial dinamismo económico y demográfico". Otra clave del documento es que el esfuerzo económico no supere el 30-35% de la renta familiar en caso de compra de VPO y del 20-25% en caso de alquiler.

El plan de vivienda autonómico también insistirá en la rehabilitación de los centros históricos y en la "transformación de la infravivienda". Gutiérrez achacó a la Ley del Suelo del PP, que data de 1998, como uno de los causantes del precio de la vivienda en los últimos años.