El fiscal pide 18 meses de prisión para un edil del PP de Málaga

La Fiscalía de Málaga ha ratificado su petición de 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargo público contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Ramos, por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público, tras supuestamente haber ocultado, hasta en dos ocasiones, una orden de embargo de su sueldo que un juzgado de la capital comunicó al consistorio. El Ministerio Público ha decidido mantener su calificación de los hechos, después de que tras casi dos años de tramitación, en junio tuviera que comenzar de nuevo el proceso, al entender la Audiencia Provincial que el caso debía seguir el procedimiento de juicio con jurado popular.

Ramos aseguró ayer que no le había "sorprendido" la decisión de la Fiscalía de Málaga, ya que "después de haber equivocado dos años como debía tramitar este asunto, no esperaba que diera marcha atrás en su petición inicial". El edil de Urbanismo insistió en que al final del proceso "se demostrará que no tengo responsabilidad alguna en estos hechos" e intentó desvincular esta denuncia del terreno político. "Se trata de un asunto estrictamente personal, que no tiene porque tener repercusiones políticas", indicó. Ramos es consciente de que estas imputaciones pueden dificultar sus aspiraciones de repetir en la candidatura del PP a las próximas elecciones en la capital.

Sin embargo, fuentes judiciales indicaron ayer que no es previsible que la fecha de celebración del juicio con jurado, cuya apertura ya solicita la Fiscalía en su escrito de calificaciones, se convoque para antes de las elecciones municipales. Ramos además ya adelantó ayer su decisión de recurrir esta petición del Ministerio Público. La investigación de los hechos se inició por una denuncia del grupo municipal del PSOE. La Fiscalía considera probado que Manuel Ramos, en su etapa como director del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, y en connivencia con un funcionario de este departamento, también imputado en el proceso, "ocultó y no dio curso" en dos ocasiones distintas sendos escritos remitidos en el año 1999 por un juzgado de la capital comunicando el embargo de su sueldo por una deuda con una entidad bancaria.