CPV vendió su suelo en los nuevos barrios para pagar a los clientes
El directivo afirma que en los nuevos barrios se está produciendo una "gran especulación"
Francisco García Moreno, máximo responsable de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), aseguró ante el juez que su empresa vendió los terrenos que poseía en los nuevos barrios de Madrid, alrededor de 90.000 metros cuadrados, para obtener liquidez y poder devolver las señales anticipadas por los clientes que se iban dando de baja en las distintas promociones. En su extensa declaración ante la juez Rosario Espinosa, Francisco García, quien en la actualidad se halla en libertad provisional por un delito de estafa, se autoinculpa de todo y atribuye a la vertiginosa carestía del suelo los problemas de CPV. Finalmente, 1.200 familias se quedaron sin la vivienda prometida por CPV.
Además, García afirmó que la cifra real de afectados es de "unas 600 personas", ya que a otras 600 se les devolvió el dinero. Por otro lado, algunos afectados de CPV reprochan a la juez que instruye ahora esta supuesta estafa que haya dejado en libertad a los cuatro inculpados (García, dos de sus hijos y un amigo de éstos) y le exigen que investigue si la promotora ha incurrido, además, en un delito de alzamiento de bienes por haber enajenado gran parte de sus activos a través de testaferros y empresas instrumentales. En concreto, reclaman que investigue a las empresas Manucesa Promociones Inmobiliarias, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, Reformas y Construcciones Madrid Oeste y García Alba Sociedad Técnica de Proyectos.
Unas 1.200 personas adelantaron a partir de 1998 una media de 18.000 euros a CPV a cambio de viviendas en los nuevos barrios de Las Tablas, Sanchinarro y Montecarmelo. Cuatro años después, las casas siguen sin levantarse y alrededor de 600 familias, según datos del propio García, ni siquiera han podido recuperar las señales adelantadas.
"La venta de los terrenos se destinó a devolver el dinero a los clientes, y si se ha usado para otra promoción , después se ha regularizado", explicó García a la juez Espinosa el 6 de noviembre. Tras interrogarle, la juez ordenó su ingreso en prisión por entender que CPV había destinado el dinero adelantado por sus clientes a promociones distintas de las prometidas en los nuevos barrios.
"Proceso largo y complicado"
En su exhaustivo interrogatorio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, García admite que, como director general de la CPV, se puso un sueldo mensual de 3.100 euros (unas 516.000 pesetas). A preguntas de los afectados de CPV, explicó: "En los nuevos barrios ha habido una gran especulación. Las 36.000 viviendas para jóvenes", diseñadas por el Ayuntamiento de Madrid, "se han quedado para millonarios". Añadió que, antes de aceptar las señales de los compradores de las viviendas, CPV aclaró a todos los compradores que el proceso de creación de casas en los nuevos barrios "era largo y complicado" y que se les advirtió de que "compraban algo que podía no llegar a existir".
García exculpó a los otros tres implicados en esta supuesta estafa, dos de sus hijos y un amigo de la familia, Miguel Ángel Morillo del Pozo. Según dijo, puso las acciones de CPV a nombre de sus hijos para facilitarles "un trabajo y su futuro".
Uno de los abogados le preguntó por qué siguió captando clientes tras vender, en julio del año pasado, los terrenos que CPV había tenido en los citados barrios, alrededor de 90.000 metros cuadrados. Inicialmente García negó a la juez que se hubiesen hecho nuevos contratos tras la venta de los terrenos, pero luego, tras exhibirle el letrado dos contratos con fecha posterior a la venta, indicó que si se hizo así fue porque "la intención" de CPV era "construir" las viviendas prometidas. Y argumentó que, si se llegó a firmar algún contrato posterior a la venta de los terrenos, fue "para completar las promociones".
Los afectados de CPV han pedido a la juez que instruye el caso CPV que declare responsable civil subsidiaria de los perjuicios a la entidad Ibercaja, por haber permitido que esta promotora, contraviniendo la ley, retirase fondos de la cuenta especial que se abrió en esta entidad para guardar el dinero de las señales. La ley impide retirar el dinero de las cuentas especiales, salvo que la promotora justifique fehacientemente que el mismo se va a destinar a la construcción de la casas. García rechazó que CPV hubiese sacado dinero de esa cuenta especial.
"Si me hubiesen dejado..."
Respecto a la ausencia del obligado aval que impone la ley a las constructoras para garantizar la devolución del dinero que los compradores de casas anticipan en caso de que surjan problemas, García subrayó que contrató ese aval con la mercantil italiana Europa Cauzione. Pero esta entidad se ha desentendido ahora y ha informado de que no devolverá el dinero a los afectados porque CPV no le abonó las pólizas. El representante en España de Europa Cauzione, Alberto Cerdans, ha estado, incluso, en la cárcel por una supuesta estafa a empresas españolas.Además, Europa Cauzione es una intermediaria financiera y no una compañía aseguradora, lo que vulnera la legislación española en materia de avales a promotoras, puesto que obliga al avalista a estar clasificado como aseguradora, y Europa Cauzione no lo es. García señaló que ignoraba que Europa Cauzione "no fuese una compañía de seguros". García destacó que firmó las pólizas con esta financiera "en Italia" y que entonces la misma cumplía "con la normativa europea". El director general de CPV agregó que su promotora, en la actualidad sometida a un expediente judicial de quiebra, disponía de activos suficientes para devolver el dinero a los 600 clientes que no lo habían recuperado. "Si me hubiesen dejado, se habría devuelto el dinero a todos", dijo. Una semana antes, García declaró a este periódico que CPV había devuelto el dinero a unas 950 personas, lo que, a juzgar por su declaración judicial, era incierto. El también encartado en esta supuesta estafa, el administrador de CPV Miguel Ángel Morillo del Pozo, defendido por el letrado Gerardo Viada, ha aportado al juzgado instructor de este caso, el número 34 de Madrid, un escrito en el que el director general de CPV le exculpa de todas las decisiones adoptadas. En ese escrito, García asume la responsabilidad de todas las gestiones y se autoinculpa de cualquier irregularidad. Suscribe que Morillo "en ningún momento" tuvo "conocimiento de los saldos" que había "en las entidades bancarias", ya que siempre actuó, sostiene García, "como segunda firma" en la empresa, y, por tanto, queda "eximido de toda responsabilidad civil y penal en todos los documentos y contratos" efectuados por CPV. Morillo se ha desvinculado de la estrategia de defensa de García y sus dos hijos. En su declaración ante la juez, afirma que CPV ofertó casas en los nuevos barrios a 1.200 personas y que los terrenos se adquirieron con el dinero que iban adelantado los clientes. Morillo admite que CPV carecía de terreno para levantar las casas ofertadas. "Se iban comprando terrenos, no sé cuántos, en los tres PAU, y según los ingresos de los clientes". Morillo también atribuye a la especulación del suelo los problemas surgidos en CPV. "Hubo dificultades para comprar suelo, porque el precio empezó a subir muy rápido. Era desorbitado".
