CPV vendió su suelo en los nuevos barrios para pagar a los clientes

Francisco García Moreno, máximo responsable de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), aseguró ante el juez que su empresa vendió los terrenos que poseía en los nuevos barrios de Madrid, alrededor de 90.000 metros cuadrados, para obtener liquidez y poder devolver las señales anticipadas por los clientes que se iban dando de baja en las distintas promociones. En su extensa declaración ante la juez Rosario Espinosa, Francisco García, quien en la actualidad se halla en libertad provisional por un delito de estafa, se autoinculpa de todo y atribuye a la vertiginosa carestía del suelo los problemas de CPV. Finalmente, 1.200 familias se quedaron sin la vivienda prometida por CPV.

Además, García afirmó que la cifra real de afectados es de "unas 600 personas", ya que a otras 600 se les devolvió el dinero. Por otro lado, algunos afectados de CPV reprochan a la juez que instruye ahora esta supuesta estafa que haya dejado en libertad a los cuatro inculpados (García, dos de sus hijos y un amigo de éstos) y le exigen que investigue si la promotora ha incurrido, además, en un delito de alzamiento de bienes por haber enajenado gran parte de sus activos a través de testaferros y empresas instrumentales. En concreto, reclaman que investigue a las empresas Manucesa Promociones Inmobiliarias, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, Reformas y Construcciones Madrid Oeste y García Alba Sociedad Técnica de Proyectos.

Unas 1.200 personas adelantaron a partir de 1998 una media de 18.000 euros a CPV a cambio de viviendas en los nuevos barrios de Las Tablas, Sanchinarro y Montecarmelo. Cuatro años después, las casas siguen sin levantarse y alrededor de 600 familias, según datos del propio García, ni siquiera han podido recuperar las señales adelantadas.

"La venta de los terrenos se destinó a devolver el dinero a los clientes, y si se ha usado para otra promoción , después se ha regularizado", explicó García a la juez Espinosa el 6 de noviembre. Tras interrogarle, la juez ordenó su ingreso en prisión por entender que CPV había destinado el dinero adelantado por sus clientes a promociones distintas de las prometidas en los nuevos barrios.

"Proceso largo y complicado"

En su exhaustivo interrogatorio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, García admite que, como director general de la CPV, se puso un sueldo mensual de 3.100 euros (unas 516.000 pesetas). A preguntas de los afectados de CPV, explicó: "En los nuevos barrios ha habido una gran especulación. Las 36.000 viviendas para jóvenes", diseñadas por el Ayuntamiento de Madrid, "se han quedado para millonarios". Añadió que, antes de aceptar las señales de los compradores de las viviendas, CPV aclaró a todos los compradores que el proceso de creación de casas en los nuevos barrios "era largo y complicado" y que se les advirtió de que "compraban algo que podía no llegar a existir".

García exculpó a los otros tres implicados en esta supuesta estafa, dos de sus hijos y un amigo de la familia, Miguel Ángel Morillo del Pozo. Según dijo, puso las acciones de CPV a nombre de sus hijos para facilitarles "un trabajo y su futuro".

Uno de los abogados le preguntó por qué siguió captando clientes tras vender, en julio del año pasado, los terrenos que CPV había tenido en los citados barrios, alrededor de 90.000 metros cuadrados. Inicialmente García negó a la juez que se hubiesen hecho nuevos contratos tras la venta de los terrenos, pero luego, tras exhibirle el letrado dos contratos con fecha posterior a la venta, indicó que si se hizo así fue porque "la intención" de CPV era "construir" las viviendas prometidas. Y argumentó que, si se llegó a firmar algún contrato posterior a la venta de los terrenos, fue "para completar las promociones".

Los afectados de CPV han pedido a la juez que instruye el caso CPV que declare responsable civil subsidiaria de los perjuicios a la entidad Ibercaja, por haber permitido que esta promotora, contraviniendo la ley, retirase fondos de la cuenta especial que se abrió en esta entidad para guardar el dinero de las señales. La ley impide retirar el dinero de las cuentas especiales, salvo que la promotora justifique fehacientemente que el mismo se va a destinar a la construcción de la casas. García rechazó que CPV hubiese sacado dinero de esa cuenta especial.