Nuestros deberes

Mientras Estados Unidos clama insistente que se acaba su paciencia por los incumplimientos de Irak y concluyen los preparativos para una respuesta militar, aquí el presidente del Gobierno, José María Aznar, rehúye sus deberes parlamentarios y se limita a reiterar la más plena sumisión al amigo Bush en todo momento. En cuanto al líder de la oposición socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, apenas ha ido más allá de declararse adverso, de manera bastante primaria, a una guerra que según sabemos concita en su contra a la amplia mayoría de los encuestados en los sondeos. Ambos deberían reparar en nuestros deberes en el ámbito internacional, derivados de la Constitución de 1978, de la pertenencia a la Unión Europea y a la Alianza Atlántica, así como del Convenio sobre la Defensa renovado en abril de 2002 con Estados Unidos.

Aceptemos que en estos tiempos sea impensable aplicar el supuesto del artículo 63 apartado 3 de la Constitución, a tenor del cual "al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz". Para abrir las hostilidades bélicas contra el régimen de Sadam Hussein bastarán las atenciones que el presidente de Estados Unidos tenga con el Congreso de Washington. Pero ¿se vería España arrastrada a esa guerra automáticamente? Aquí, los portavoces oficiales, de Aznar para abajo, se limitan a repetir que fuera de Bush no hay salvación y luego añaden vaguedades sobre la posición de Naciones Unidas. ¿Qué se ha hecho de aquel principio básico según el cual en la lucha antiterrorista no valen atajos que conculquen los derechos humanos? (véase la portada de The Economist, "Is torture ever justified?"). Además, a nuestro país, por ser ahora uno de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, le corresponde forjar dicha posición, que debería ser debatida en el Congreso de los Diputados.

Abundan las proclamas europeístas, pero las disposiciones recogidas en los artículos 12 y 19 del título V del Tratado de la Unión Europea, adoptado en Niza en febrero de 2001, prescriben que los Estados miembros apoyarán activamente y sin reservas la política exterior y de seguridad de la Unión y que se abstendrán de toda acción contraria a los intereses de la Unión o que pueda perjudicar su eficacia como fuerza de cohesión en las relaciones internacionales. También establecen que los Estados miembros han de coordinar su acción en las organizaciones internacionales y en particular en el Consejo de Seguridad, donde habrán de concertarse entre sí para asegurar la defensa de las posiciones e intereses de la Unión. ¿Qué han hecho los nuestros al respecto?.

La Alianza Atlántica se comprometió en Praga el pasado noviembre a ayudar a Naciones Unidas en el efectivo cumplimiento de la resolución 1441. Pero si estallara el conflicto con Irak sería la propia OTAN quien decidiría el papel a desempeñar, como acaba de recordar el nuevo comandante supremo militar aliado en Europa, general James Jones. En cuanto al ya citado Convenio de Cooperación para la Defensa que vincula a España y a Estados Unidos, nada sabemos de las consultas entre los titulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Secretaría de Estado, fijadas en la Declaración Conjunta Piqué-Albright, ni de la función del recién creado Comité Bilateral de Defensa de Alto Nivel (CBDAN), órgano de los de carácter político en ese ámbito. ¿Cuándo nos informarán?

Cierto que España ha concedido a Estados Unidos unas instalaciones de apoyo (IDAS) y unas autorizaciones de uso (ADUS) en el territorio, mar territorial y espacio aéreo españoles para objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral (OTAN) del Convenio. Pero cierto también que según el Convenio cualquier uso que vaya más allá de estos objetivos exigirá la autorización del Gobierno español. Por eso, es preciso saber si, conforme a las previsiones del apartado 2 del artículo 12 del Convenio, se han concluido acuerdos sobre el uso, en tiempo de crisis o guerra, de instalaciones, territorio, mar territorial y espacio aéreo español por los Estados Unidos de América para objetivos que vayan más allá de los ámbitos bilateral y multilateral a los que se circunscribe el Convenio. Continuará.