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El PP rompe el pacto y aprueba ilegalmente otra urbanización con golf en Sierra Escalona

Desoyó las alegaciones de un aspirante y no consta el informe jurídico de la secretaría

El equipo de gobierno de Orihuela, en manos del PP con mayoría absoluta, ha autorizado una nueva urbanización en el entorno de Sierra Escalona, con capacidad para 5.000 viviendas y campo de golf incluido, que dinamita el compromiso unánime de los grupos municipales de paralizar las edificaciones en el paraje y ampliar sus límites de protección. El plan aprobado, con los votos contrarios del PSPV y Centro Liberal, presenta explícitas irreguladirades administrativas. Se desoyó las alegaciones de una de las firmas aspirantes.

El plan que permitirá urbanizar el entorno de la Sierra Escalona, en el término municipal de Orihuela, fue aprobado con los votos en contra de la oposición municipal, integrada por el PSPV y el Centro Liberal. El proyecto presenta explícitas irregularidades administrativas que hacen referencia concreta a que el expediente final no incluye el preceptivo informe de la secretaría general, ni se atendieron las alegaciones de una de las empresas aspirantes.

"El acuerdo del pleno es nulo y pediremos su impugnación", dice Isaías Marcos, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento. Ante estas críticas el equipo de gobierno se defiende y asegura que "la aprobación del proyecto es escrupulosamente legal, de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos. La custodia del expediente es responsabilidad de la secretaría general", afirma el alcalde, José Manuel Medina, del PP.

El pleno del Ayuntamiento de Orihuela aprobó por unanimidad el 24 de julio de 2001 una moción para proteger Sierra Escalona e iniciar los trámites para ampliar los límites del LIC (Lugar de Interés Comunitario) de 4.700 hectáreas a 10.000, con lo que se duplicaba la superficie protegida.

Sin embargo, un año y medio después de esta resolución plenaria, el PP ha roto unilateralmente el pacto. El pasado 27 de diciembre, el PP hizo valer su mayoría absoluta en el consistorio para dar luz verde al PAU 21. El proyecto contempla la ejecución de una urbanización que se ubica en la Dehesa de Campoamor, una zona boscosa de alto valor ecológico, a 12 kilómetros de Sierra Escalona.

Las 400 hectáreas del PAU 21 están dentro de las 10.000 hectáreas que el PP se comprometió a proteger con la ampliación del LIC de Sierra Escalona. "Votamos en contra porque claramente el desarrollo del PAU 21 incumple el acuerdo plenario de proteger Sierra Escalona", comenta el portavoz del PSPV. La protección al medio ambiente fue también el motivo del voto en contra del otro grupo de la oposición, el Centro Liberal. El alcalde, sin embargo, rechaza estos argumentos: "No hemos incumplido ningún acuerdo. La urbanización no está en Sierra Escalona. Nos hemos limitado a desarrollar el PGOU vigente, que prevé el PAU 21", explica Medina para defenderse de las acusaciones de la oposición.

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El trasfondo medioambiental del proyecto urbanístico desvió la atención de los grupos de la oposición acerca de la legalidad del proceso administrativo seguido en la adjudicación de la urbanización. Al concurso se presentaron dos mercantiles, el Grupo Inversor Hispania, SA, y Colinas Golf, SA. En la fase de la propuesta jurídico-económica, la segunda empresa, propietaria de los terrenos, se unió con la firma Contratas y Telecomunicaciones, SA.

El PP adjudicó finalmente a la unión de las dos empresas la urbanización.

Por su lado, la mercantil Hispania presentó el 4 de noviembre de 2002 alegaciones al acuerdo del PP por entender que su propuesta era más ventajosa, tanto en el apartado económico como el de la aportación de terrenos. El coste de ejecución de la propuesta de grupo perdedor es de 17.298.000 euros, mientras el de la propuesta ganadora es prácticamente el doble, en concreto de 32.724.746 de euros. Sin embargo, la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela desoyó las alegaciones del grupo Hispania porque estaban fuera de plazo, según el concejal del área, Jesús Roca.

La comisión aprobó, además, la adjudicación con el informe del secretario general, Alfonso Ramón Martínez, sin firmar. El documento da el visto bueno al proyecto y la adjudicación "por imperativo legal".

El pleno ratificó el acuerdo de la comisión de Urbanismo. Sin embargo, en el expediente final ya foliado y diligenciado, no consta el informe del secretario general del Ayuntamiento ni el documento de las alegaciones de la firma perdedora. Según varios expertos en base a la Ley Reguladora de Actuaciones Urbanísticas y Ley 30/ 92 del Régimen Jurídico el acuerdo pleno es nulo. De hecho el expediente sigue en el Ayuntamiento y no ha sido remitido a la dirección provincial de la Consejería de Urbanismo para su aprobación definitiva.

Monserrate Molera, concejal del PSPV en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, rechaza la versión del edil del PP y asegura que en la comisión no se vieron las alegaciones del grupo Hispania ni tampoco figuraba el informe del secretario general, "ni firmado ni con firma", precisa.

Los socialistas sostienen que en el caso del documento de las alegaciones "el Ayuntamiento ha vulnerado un derecho constitucional de una de las partes en un concurso público". El PSPV mantiene, en suma, que además del incumplimiento para proteger Sierra Escalona, la "aprobación del PAU 21 es nula de todo derecho". La oposición municipal estima que ante la gravedad de los hechos el PP se verá obligado y tendrá que completar el expediente y convocar otro pleno para aprobarlo. ""En el próximo pleno impugnaremos el acuerdo, y si no aprueban recurriremos al contencioso-administrativo", anunció Isaías Marcos que está dipuesto a que los tribunales analicen el tema.

Por su parte, el grupo parlamentario de Esquerra Unida de las Cortes Valencianas presentará una serie de preguntas al consejero de Obras Públicas para que esclarezca los trámites seguidos para autorizar la urbanización. EU también pedirá al Consell que recalifique los terrenos del PAU 21 para preservar los valores ecológicos del entorno de sierra Escalona.

Investigación

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina del PP, se defiende a capa y espada de la polémica suscitada por este proyecto e insiste en la legalidad del proceso de adjudicación de esta actuación urbanística en el entorno de la Sierra Escalona. El primer edil declina la responsabilidad de la falta de documentos en el expediente en al secretaría general y asegura que ha encargado a los técnicos una investigación para esclarecer los hechos. "Se ha actuado conforme a las indicaciones de los departamentos técnicos y jurídicos municipales", recalca Medina. Según el alcalde "el expediente estaba completo cuando se aprobó en comisión y en el pleno. Si ahora falta algún informe, porque se ha perdido o traspapelado, que lo busque la secretaría técnica que es la responsable de la custodia de los expedientes", añade el primer edil quien elude cualquier responsabilidad en esta materia.Medina vuelve a apuntar sobre el secretario general en relación al informe jurídico que está evacuado pero no firmado: "Si alguien tenía que hacer alguna objeción, que la hubiera planteado en su momento", afirma Media, "y si es necesario convocar otro pleno para aprobar el plan, se convocará", concluye.El secretario general, Alfonso Ramón Martínez, no quiso ofrecer a este periódico su opinión sobre la falta de documentos de expediente.

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