Ocho a cero

El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, entregará esta semana su última propuesta, por escrito, sobre la reforma del subsidio agrario. Quiere hacerlo con la solemnidad que requiere el caso así que contempla reunirse, de nuevo, con los presidentes de Andalucía y Extremadura, Manuel Chaves y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. De lo que contenga esa formulación dependerá, finalmente, si los sindicatos UGT y CC OO siguen adelante en su convocatoria de huelga general en el campo prevista para el 20 de febrero. En principio, las buenas palabras tanto del ministro como de dirigentes del PP, resaltando la cercanía de la respuesta de este departamento con lo que reivindican los sindicatos, son acogidas con el lógico escepticismo, máxime si tiene en cuenta que anuncios similares se han realizado en anteriores ocasiones y sin que se hayan visto respaldados por los hechos más tarde. Sin embargo, esta vez, el Gobierno se muestra dispuesto a ceder en un punto clave de las reclamaciones sindicales como es el carácter contributivo de las rentas que reciban los jornaleros mientras están paro.

Zaplana ha sido muy claro en este aspecto crucial. Si ese es el problema, ha venido a decir, el asunto está resuelto. Pues bien, es hora ya de conocer cómo va a atender esta exigencia. De hacerlo tal y como se pide desde aquí, el último conflicto que mantiene el Ejecutivo con los sindicatos por la frustrada reforma laboral se esfumará de un plumazo. En tan sólo unas semanas el político levantino eliminaría un escollo que heredó nada más llegar al puesto y que se ha convertido en una china en el zapato de un ministro que va por ahí con ganas de agradar a todo el mundo. La foto es tan tentadora que se le ven verdaderas ganas de cerrar este contencioso cuanto antes para apuntarse un tanto que bien le vendrá en su afán de destacar lo suficiente en medio de un Gobierno despistado como está por el desastre del Prestige y la pelea sucesoria de José María Aznar.

Tampoco Chaves quiere quedar fuera del escenario. Al principio desechaba más escenitas del sofá con Zaplana. Ahora, tal vez porque sepa que el acuerdo está próximo, dice que no le importaría reunirse de nuevo con el ministro traiga o no por escrito su reforma de la reforma de los derechos sociales de los trabajadores del campo. Mientras tanto, los que han llevado el peso de la protesta, UGT y CC OO, advierten de que no están en clave negociadora y que siguen con sus preparativos de la huelga general. Una posición crítica que contrasta con el entusiasmo demostrado por los del SOC a los que se observa plenamente satisfechos con el PP por haberles dado un lugar al sol. Y luego están los populares andaluces que, a estas alturas de la película, recuerdan que han sido el elemento básico para que las cosas se arreglen. Cuando pase todo sería bueno que explicaran a la sociedad andaluza en qué ha consistido esa contribución, ya que si ha resultado tan decisiva como dicen, bien podrían actuar de igual forma para el resto de frentes abiertos que mantiene Madrid con esta comunidad. Así que de resolverse definitivamente el problema sólo quedaría ya espacio para las distintas lecturas que se realizarían del acuerdo. En este sentido, el peor riesgo que corren los populares es que, al final, se resuma todo en que de los ocho puntos de su polémico decretazo, los ocho los han tenido que retirar. En términos futbolísticos eso se llama 8-0.

Tampoco conviene olvidar otra contienda que está a la espera de la contestación definitiva del Gobierno central como es la relativa a las diferencias surgidas por la deuda financiera que se mantiene con Andalucía. Tras la carta que el presidente andaluz envió al ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, en donde se proponía un calendario de pago concreto, ya sólo falta que se dé una respuesta final. Por las declaraciones de diversos dirigentes populares, todo hace indicar que hay serias dificultades técnicas, dicen, para resolver el conflicto al estar atravesado el asunto por varias demandas en los tribunales. Argumentaciones de este tipo suenan a falsa excusa con la que no dar una salida digna a unas peticiones justas que se hacen desde Andalucía. Tal vez aquí, también, lo que ocurra verdaderamente sea que ceder a estas exigencias se podría interpretar como un logro más que esta comunidad arranca al Gobierno del PP. La goleada, entonces, sería de escándalo.