Vizcaya y Guipúzcoa resolverán en marzo la situación de la A-8

Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa prevén firmar el próximo marzo, apenas tres meses antes de que reciban la concesión del peaje, el convenio a través del cual gestionarán la autopista A-8 (Bilbao-Behobia). Ambas instituciones pretenden unificar los criterios para que el usuario no note diferencias en los dos tramos provinciales, aunque Guipúzcoa ya tiene definido desde hace meses su propio modelo, lo que dificulta el acuerdo. Vizcaya, que aún no ha anunciado si mantendrá a partir del mes de junio las actuales bonificaciones en el peaje, baraja establecer descuentos en función de la renta de los ciudadanos y la utilización del transporte público.

La competencia sobre los 106 kilómetros de la A-8 fue transferida oficialmente en enero de 2000 al Gobierno vasco, que a su vez la cedió a las diputaciones vizcaína y guipuzcoana poco después. Pero la concesión del peaje a la empresa Europistas no concluye hasta el próximo mes de junio. En 1999, los diputados generales de los dos territorios anunciaron para el año siguiente un nuevo sistema de explotación de la A-8 que mantenía el peaje. Pese a aquella aseveración, cada una de las diputaciones ha realizado sus propios estudios y ha establecido sus propios modelos de gestión.

Guipúzcoa ya tiene aprobado el nuevo precio por kilómetro (siete céntimos de euro, frente a los 12 actuales) y un sistema de descuentos adicional, que puede llegar hasta el 75% del nuevo precio. Vizcaya aún no ha concretado definitivamente el coste del peaje, aunque se habla de cinco céntimos por kilómetro, y no ha decidido si mantendrá el sistema de bonificaciones: de momento, ha consignado ayudas para ello hasta el próximo 31 de mayo, en lugar de para todo el año como en los ejercicios anteriores.

Los equipos de Obras Públicas y Transportes de ambas instituciones forales iniciaron a principios de 2001 los contactos para unificar criterios, pero hasta el momento no se ha concretado ningún convenio. La Diputación de Vizcaya aseguró en mayo pasado que se firmaría en breve, pero el anuncio no se ha cumplido. La institución que preside Josu Bergara es partidaria de llegar a una fórmula intermedia en el precio del peaje, que se establecería en seis céntimos. Pero este coste obligaría a las Juntas Generales guipuzcoanas a adoptar un nuevo acuerdo.

La última previsión es que el convenio se materialice al final en febrero o, más probablemente, marzo próximos, según fuentes de la empresa foral vizcaína Interbiak, en la que la Diputación ha delegado la concesión del tramo de la A-8 en este territorio a partir de junio. En ambas provincias se ha optado por adjudicar la gestión concreta del peaje y la conservación de la vía en empresas privadas, que se conocerán a finales de este mismo mes: el 31 de enero en Vizcaya, según dichas fuentes, y "en esos días", aunque no existe una fecha concreta, en Guipúzcoa, según medios forales. En éste último territorio se han presentado tres ofertas, que han pujado sobre los 150 millones de euros. En Vizcaya han concurrido cuatro empresas.

Dado que en las dos provincias se han presentado al concursso la actual concesionaria de la A-8, Europistas; la Vasco-Aragonesa, que se encarga de la otra autopista vasca, la A-68, y la constructora Dragados existe la posibilidad de que una misma firma se haga cargo de la gestión en ambos territorios, lo que facilitaría la firma del convenio.

En los últimos meses, los titulares de Obras y Transportes de Vizcaya y Guipúzcoa, José Félix Basozabal y Antton Jaime, respectivamente, han mantenido varios contactos para perfilar el convenio y lograr una actuación unificada. Fuentes de la Diputación vizcaína recalcan que las decisiones tomadas hace ya varios meses por su homóloga guipuzcoana sobre el peaje y las bonificaciones han mediatizado un acuerdo que persigue que el conductor pague lo mismo en los dos tramos provinciales.

Mientras, Vizcaya estudia qué hacer con el sistema de bonificaciones actual, implantado como en Guipúzcoa en 1998, que establece descuentos de entre el 15% y el 33% del coste del peaje en función del número de trayectos que se realicen. "Está en fase de estudio", indica un portavoz de Interbiak. En estos momentos sólo es necesario no tener deudas fiscales para poder acceder a los descuentos, pero la Diputación vizcaína está barajando la posibilidad de que, a partir de junio, cuando el canon de la A-8 quede reducido a la mitad se establezca un baremo de bonificaciones en función del nivel de renta del conductor. Al mismo tiempo, se plantean otras medidas para la utilización del transporte público, que tendría bonificaciones para el usuario y un menor coste en la autopista que en otras carreteras del territorio.