La paz laboral, pendiente del campo

El Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT han cerrado acuerdos para reducir la siniestralidad laboral y sobre los salarios de funcionarios y empleados públicos. Tras el encontronazo de la huelga general del 20-J, y su impacto negativo en las encuestas, el Ejecutivo del PP ha retomado la táctica que le dio buenos resultados en la primera legislatura y en los dos primeros años de mayoría absoluta. La clave es: diálogo social y no legislar sin un consenso, al menos parcial. Con ella, se están abordando todos los frentes susceptibles de conflicto.

Eduardo Zaplana, que llegó al Ministerio de Trabajo poco después de la huelga general de junio como "pacificador", no quiere malograr esa misión que le fue encomendada y persigue conseguir todos los acuerdos posibles. Incluso en un tema complicado: frenar el conflicto en el medio rural andaluz y extremeño por la reforma del Plan de Empleo Rural (PER).

Zaplana llegó a Trabajo como 'pacificador' y quiere alcanzar todos los acuerdos posibles

A ese clima de sosiego, contribuye de manera notable que la patronal junto a UGT y CC OO estén dando las últimas puntadas a un pacto para favorecer la paz social en los convenios colectivos de las empresas, que será de aplicación a seis millones de asalariados (el 65% de los trabajadores sujetos a negociación colectiva). Esta semana se terminará de redactar un preacuerdo y, una vez sea ratificado por los órganos directivos, plasmarán su firma a finales de mes el presidente de CEOE, José María Cuevas, y los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo.

En el ámbito de las relaciones entre centrales y Gobierno, el asunto que puede ser más espinoso es el futuro de las pensiones públicas, y parece que no se va a abordar ninguna reforma en profundidad en vísperas electorales, con comicios autonómicos y locales en mayo, y los generales dentro de un año. Ése es el convencimiento que existe en el equipo de Fidalgo.

Méndez y la dirección de UGT comparten ese análisis, y estiman que, además del impacto electoral que tiene cualquier reforma en la Seguridad Social, "el Ejecutivo también va a sopesar que el sistema público no sufrirá tensiones hasta después del año 2015 y que hay tiempo para que el Gobierno de turno tome decisiones".

Aunque esta primavera toca renovar con patronal y CC OO el pacto de pensiones de 2001, la previsión es que se limiten a dar continuidad a medidas ya en marcha y que se evite retomar el anuncio del presidente Aznar de ampliar la base de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral. Fuentes de CC OO dicen que el Ejecutivo les ha insinuado que esa reforma no se abordará, porque "sabe que es un tema muy sensible y capaz de provocar un conflicto generalizado".

Un frente sin cerrar es el de las prestaciones de los nuevos jornaleros de Andalucía y Extremadura, con una huelga convocada en el campo de esas dos comunidades para el 20 de febrero. La reforma del subsidio agrario (régimen especial que prevé una paga durante seis meses para los jornaleros que acrediten 35 peonadas al año) es el único punto del decretazo que se mantiene y supone que pierden este subsidio los que no hayan sido beneficiarios en los tres años anteriores, los sancionados y los jóvenes que comienzan a trabajar.

La propuesta que prepara Zaplana sobre la reforma del subsidio agrario presenta dificultades jurídicas. El decretazo, en su trámite como ley, encaja a los que quedan excluidos del subsidio agrario en la renta activa de inserción, una ayuda de 330 euros al mes (igual cantidad que el subsidio agrario) que es objeto de un mayor control sobre si los trabajadores aceptan ofertas de empleo o cursos de formación y que no da derecho a pensión.

El derecho a cotizar como pensión es el punto clave para lo que los sindicatos identifican como restitución del derecho. A la espera del documento de Zaplana, las centrales están elaborando la relación de pueblos andaluces y extremeños que serán escenario de la huelga y trabajan en los preparativos del conflicto. Una tarea que no les impedirá analizar con detenimiento el texto que les debe enviar el ministro. Si responde a sus principales demandas, la huelga se puede desconvocar. En caso contrario, "la bronca seguirá hasta mayo", según las centrales.

El reconocimiento del derecho a pensión para los jornaleros que se acojan a la nueva fórmula de cobertura ha sido calificado por Zaplana como "tema puntual". A esa afirmación, Cándido Méndez responde que se trata de "un punto tan gordo como el que diferencia el ropero de caridad con el Estado de derecho". Ésa es la distancia que, para las centrales, existe entre la renta activa de inserción, que se configuró en la etapa de ministro Manuel Pimentel, como "la última malla de protección" para colectivos marginales, y que no cotiza para la pensión, y el reconocimiento de un derecho subjetivo.

Se trata, según los sindicatos, de recomponer un derecho que, con la reforma de mayo pasado, se ha quitado a jóvenes, mujeres y jornaleros que en los últimos tres años no han pedido el subsidio. Si se corrige, considerarían "alcanzado el objetivo de la huelga" y, de producirse antes del 20 de febrero, sin tener que llevar adelante el conflicto. La responsable de la federación agroalimentaria de CC OO, Cecilia Sanz, cree que, aun resolviéndose el tema del subsidio, "se ha desaprovechado la oportunidad de hacer una reforma más amplia, que englobe también a la prestación contributiva para los jornaleros, al régimen especial agrario y a abrir para los jóvenes el acceso y la formación a otras profesiones".

Zaplana asegura que su voluntad es buscar una salida, pero admite que es complicado dar con la fórmula. En un encuentro, a primeros de enero, con el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, la conclusión de ambos responsables políticos fue: "No podemos dar la sensación de que los sindicatos nos ganan por ocho a cero". Imagen que quieren evitar si, tras la rectificación en siete puntos del decretazo, se produce también la del subsidio agrario.

Un 2003 menos agitado

Al margen de ese contencioso, 2003 se presenta tranquilo, sin mesas importantes de diálogo previstas, o con un perfil de escasa complejidad. Una de ellas es la ofrecida por el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, para hablar de I+D, y de la aplicación de las nuevas tecnologías al proceso productivo, y de la innovación e inversión en los puestos de trabajo, un debate que CC OO cree importante, pero no problemático.

También se debe discutir el contenido de la Ley de Empleo, para coordinar las políticas activas con las comunidades. Ahí, UGT cree que se debe abordar en un nuevo modelo de diálogo, instrumentado a través de los órganos de participación, en este caso el Consejo General del Inem. Es así como se ha tratado el acuerdo para el plan de choque contra la siniestralidad, con el que se han recuperado compromisos pendientes desde 2000.

Para los equipos de Fidalgo y Méndez, la situación ha cambiado notablemente en unos meses. Uno de los máximos responsables sindicales hace esta descripción: "Hace un año estábamos en plena presidencia europea, con un Gobierno crecido que hablaba de pleno empleo y que con él justificaba el decretazo. Ahora estamos en un nuevo escenario, tras una rectificación casi total de esa reforma, y con un Gobierno confuso, que se ha olvidado del pleno empleo, y que intenta compensar el desgaste del Prestige recomponiendo el diálogo".