El alcalde de Castellón y el empresario Luis Batalla acuden mañana al juzgado

El alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y uno de los mayores adjudicatarios de la capital de La Plana, Luis Batalla, están llamados a declarar, mañana, ante el juez. Ambos habrán de contestar a las preguntas referentes a la operación urbanística que acabó con la adjudicación, a una de las empresas del segundo, de parte de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. Una operación que, en su conjunto, ha sido calificada por el concejal socialista Miguel Alcalde como "el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Castellón" y por la que se enfrentan a una querella, admitida a trámite, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación en documento público.

El principio del caso se remonta al año 1994, cuando el Ayuntamiento de Castellón y Renfe firmaron un convenio por el que ambas instituciones fijaban el destino de los más de 43.000 metros cuadrados que resultarían liberados del uso ferroviario. Según el acuerdo éstos "serán transmitidos al ayuntamiento mediante expropiación forzosa".

En 1995 se iniciaron las obras y un mes antes de que se aprobara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en febrero de 2000, se inauguró el nuevo trazado ferroviario enterrado. En este espacio de tiempo, en varias ocasiones, como ocurrió en marzo y junio de 1998 según las actas plenarias, el Ayuntamiento cifró el coste de la expropiación de los terrenos en menos de 1.000 millones de pesetas, lo que ahora equivale a menos de 6 millones de euros, y la urbanización de los mismos en otra cantidad semejante. Es decir, 2.000 millones de pesetas para obtener más de 43.000 metros cuadrados de suelo urbanizado. Sin embargo, el convenio nunca fue ejecutado, según dijeron, por la falta de acuerdo en el justiprecio de la expropiación y pese a que las dos administraciones eran del mismo signo político (PP).

Y empezó el "baile" de 2001, año en el que El Corte Inglés dio a conocer su interés por ubicarse en la capital de La Plana. Durante este año, el grupo municipal decidió modificar los planes que tenía para esa zona, la recalificó, en parte, la amplió y le otorgó mayor edificabilidad a costa de un área colindante. En medio de este proceso, firmó un nuevo convenio por el que renunciaba a los planes del 94. Renfe se quedaba con dos parcelas, recalificadas, de más de 7.000 metros cuadrados y el Ayuntamiento, con el resto. Entre tanto, el grupo de gobierno popular decidió que para urbanizar toda esta superficie utilizaría como moneda de cambio el solar que ha de ocupar El Corte Inglés, de 6.000 metros cuadrados. Así, determinó "cambiar" el desarrollo de la zona por la propiedad del suelo y adjudicó las obras a Calviga, una de las empresas de Batalla, no sin antes desestimar otra oferta, que ni siquiera se estudió, al entender que no reunía los requisitos que se precisaban.

En cifras, la decisión del gobierno municipal se tradujo en que el Consistorio se "ahorraba" 2.000 millones de pesetas aunque serán las arcas públicas las que costearán una de las infraestructuras fundamentales para la urbanización de la zona; un colector que cuesta 2,7 millones de euros (450 millones de pesetas). Sin embargo, los beneficios de sus compañeros de viaje, Renfe y la adjudicataria Calviga, son más palpables. El pasado mes de octubre de 2002 , la empresa pública obtuvo 49,7 millones de euros (más de 8.200 millones de pesetas) en la subasta de sus dos parcelas (7.100 metros cuadrados). Y Calviga posee los 6.000 metros cuadrados restantes para edificar un centro comercial de siete alturas y cinco plantas subterráneas (mayor edificabilidad que los terrenos de Renfe) por el que no se sabe lo que está dispuesto a pagar El Corte Inglés y con la obligación de gastar algo más de 16 millones de euros (unos 2.700 millones de pesetas) en la urbanización de la zona.