Un juez paraliza un desalojo en La Punta, que pierde tres casas más
Las excavadoras derribaron ayer otras tres casas en la pedanía de La Punta, donde se construirá la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia, pero no podrán, de momento, tumbar la vivienda de la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Unificadora, Carmen González, ya que un juez ha denegado por primera vez el permiso a la empresa pública Sepes.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Valencia emitió el pasado diciembre un auto en el que niega el permiso para el derribo a la empresa dependiente del Ministerio de Fomento porque "no consta acreditado que la Administración haya observado los trámites establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa", según anunció ayer la propia afectada. González apuntó que esta decisión "da por primera vez la razón a la lucha en defensa de La Punta" y pone de relieve que el procedimiento de expropiación es "irregular". Para la asociación, la Administración debe reconsiderar su actuación y negociar con los afectados, de forma que se pospongan los derribos hasta que se hayan construido las viviendas de realojo. El auto es recurrible por parte del abogado del Estado, por lo que la paralización del derribo aún no es definitiva.
Más demoliciones
El derribo sí les ha llegado a tres casas que ayer se convirtieron en escombros, según informaron los vecinos de La Punta. En una de ellas vívía una anciana de 84 años con varios familiares, que, tras conocer el jueves que la orden de desalojo podía hacerse efectiva ayer, sacaron parte de sus enseres personales por la noche. También dieron cuenta las palas excavadoras de un inmueble habitado por un joven, según los vecinos, con permiso del propietario. El afectado no tuvo tiempo de retirar nada de la casa y fue desalojado por la policía. Las máquinas también derribaron el edificio contiguo, según los vecinos, sin orden judicial y sin avisar al dueño, que no pudo sacar sus objetos personales.
Mientras, la asociación de vecinos y el colectivo Per L'Horta criticaron ayer que el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria no han cumplido con la "obligación" de contestar al Defensor del Pueblo, ante el que los afectados por la ZAL presentaron una denuncia en diciembre, ahora ampliada. Así, a la queja inicial sobre la tramitación del expediente expropiatorio, los vecinos añaden ahora la del "arbitrario recurso al procedimiento de urgencia para las ocupaciones de terrenos y el desalojo y demolición de las viviendas". Según La Unificadora de La Punta, aún hay "discrepancias graves de medición e incluso de identificación de elemenos a indemnizar sobre 38 viviendas, encontrándose pendientes de recibir la valoración ofrecida por la Administración 33 familias afectadas". La asociación también denuncia ante Enrique Múgica los robos en la zona de La Punta por parte de "grupos organizados de quincalleros".
