Los acusados de estafa en el 'caso Erne' se enfrentan a una petición de diez años de cárcel

Once años después de que se produjeran los hechos, la Audiencia de Vitoria abrió ayer el juicio contra los máximos responsables de la gestoría de inversiones Erne, José Luis de Landache y José Ramón Sáenz de Maturana, para cada uno de los cuales la acusación que representa a una veintena de inversores pide diez años de prisión por estafa. Se abre así el último capítulo de una prolongada causa trufada de dilaciones, incidencias, cambios de juez e incluso la desaparición de varios tomos del sumario.

La gestoría vitoriana Erne atrajo la confianza de gran número de ahorradores que depositaron en ella sus fondos desde 1977 con la promesa de que iban a obtener intereses muy superiores a los del mercado.

La Fiscalía no ha formulado acusación alguna al entender que no hay indicios de engaño. Mientras, los seis letrados que representan a 25 de los 300 inversores que llegó a tener la firma piden diez años para cada uno de los acusados. Meses antes de quebrar, Erne llegó a tener casi 300 clientes y un activo de 3.000 millones de pesetas, según destacó Landache en su declaración. Agregó que ha negociado desde entonces con los inversores, llegando a acuerdos con el 90%.

Quiebra

Erne nació como una gestoría de inversiones dedicada a tramitar operaciones financieras e inmobiliarias. Landache resaltó en la vista oral que sus beneficios provenían de las plusvalías generadas tras invertir el dinero de los ahorradores. Ofrecía intereses por encima del 8% y a partir de 1984 se volcó en inversiones inmobiliarias en Vitoria, Canarias y la costa mediterránea, creando una nueva sociedad llamada Vigama.

Landache y Maturana eran socios de esta firma, pero no Erne como tal. Todo iba bien hasta que Vigama compró una parcela en Las Palmas por 550 millones de pesetas para construir apartamentos que nunca se hicieron. Landache y Maturana aportaron a Vigama 237 millones de los fondos de Erne, una cantidad que, según destacaron las acusaciones, no figuró en la contabilidad de Erne como prestamo ni en la de Vigama como deuda hasta cinco años después.

Los inversores perjudicados señalaron ayer que no sabían que su dinero iba a ser destinado a esta operación inmobiliaria, ya que sus contratos especificaban que los fondos iban dirigidos al mercado financiero. Los querellantes, la mayoría ancianos -algunos han fallecido desde el inicio de la instrucción-, destacaron que confiaban en los responsables de Erne el destino de sus capitales, especificando que rechazaban las inversiones inmobiliarias. Señalaron que cuando pretendían recuperar sus fondos, les negaban esa posibilidad ofreciéndoles a cambio joyas o nuevas inversiones para la compra de pisos o apartamentos a precios "desorbitados". Hoy declararán los peritos.