La ausencia de Mayor, que permitió aprobar las cuentas de 2003, deja el fallo sin consecuencias

La sentencia del Tribunal Constitucional dio ayer una nueva dimensión al retraso del popular Jaime Mayor Oreja, que permitió el pasado 27 de diciembre que el Gobierno vasco aprobará las cuentas para 2003 con los votos de PNV, EA e IU, aun estando en minoría.

De haber llegado Mayor a la votación, el proyecto de Presupuestos hubiera sido rechazado y el Ejecutivo de Ibarretxe se hubiera visto obligado a prorrogar los de 2002. En ese caso, la resolución del Tribunal Constitucional hubiera provocado hoy la mayor crisis política del Gobierno vasco, ya que no podrían ser constitucionales unas cuentas públicas prorrogadas de otras declaradas "inconstitucionales y nulas".

El portavoz del PSE, Rodolfo Ares, opinó ayer que el "PP empieza a llegar tarde a todo", y apuntó a Jaime Mayor como el mejor aliado presupuestario de los nacionalistas y de IU. "Si hubiera hecho su trabajo y llegado con puntualidad al pleno ahora estaríamos ante una crisis del nacionalismo de incalculables consecuencias".

Los 20 minutos de retraso con los que llegó Mayor Oreja al pleno parlamentario han dejado sin efectos prácticos la sentencia del Constitucional, y ha limitado el bochorno del PNV, EA e IU así como las consecuencias políticas, ya ningún miembro del Gobierno vasco ve necesario dimitir.

El Ejecutivo de Ibarretxe se limitará a pasar un tupido velo sobre las cuentas de 2002, que aprobó parcialmente (sólo el 67% del gasto) gracias a la abstención de Batasuna, mientras que tuvo que prorrogar el 33% restante desde los Presupuestos ya prorrogados de 2001, aprobados a su vez con el apoyo de la entonces Euskal Herritarrok.

La vicepresidenta del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, se pronunciará hoy en el Parlamento autonómico sobre la sentencia del Tribunal Constitucional.