ERC sostiene en un informe que las empresas públicas sirven de "comedero" a políticos de CiU

El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) utiliza las empresas públicas catalanas y los organismos autónomos para dar "sobresueldos" a altos cargos y como "comedero" para políticos de la federación nacionalista, aseguró ayer el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Joan Ridao. El diputado presentó un exhaustivo informe sobre los órganos de gobierno de estas entidades que revela que 54 altos cargos del Ejecutivo formaban parte en 2001 como mínimo de dos consejos de administracion. El Ejecutivo gastó ese año -el último ejercicio disponible- 1,4 millones de euros en retribuciones por asistencia a reuniones de estas entidades públicas, el 146% más que en 1998.

Joan Ridao se ha caracterizado en esta legislatura por ejercer un férreo control sobre los altos cargos y asesores del Gobierno de CiU a través de detallados informes elaborados a partir de respuestas parlamentarias: el primero advirtió sobre el incremento de altos cargos, posteriormente difundió una lista completa de asesores del Ejecutivo y a continuación logró detallar todos los informes externos del Gobierno y su coste. Ayer dio un paso más y presentó un informe sobre las empresas públicas, que a su juicio han experimentado "un crecimiento extraordinario" y "lograron escapar del control político".

El diputado ha elaborado más de 500 preguntas al respecto en los últimos tres años y ayer lamentó la "opacidad total" de la Administración a la hora de facilitarle datos. El diputado contabilizó un total de 83 organismos públicos en 2001, de cuyas estructuras directivas participaban 353 personas. De éstas, 87 forman parte de más de un consejo de administración, incluidos 54 altos cargos o asimilados.

Por el hecho de formar parte de la dirección de estos organismos no se percibe ningún salario, pero se cobran dietas, que en algunas ocasiones, según las respuestas parlamentarias del Gobierno, superan los 300 euros por reunión. Algunos altos cargos -especialmente en los departamentos de Industria y de Política Territorial- forman parte de hasta seis consejos de administración, si bien la ley impide a los altos cargos percibir dietas de más de dos entidades.

El coste de estas gratificaciones se ha incrementado notablemente en esta legislatura. Según los datos aportados por el Ejecutivo al diputado independentista, los 577.000 euros de 1998 pasaron a 1,4 millones en 2001, lo que supone un aumento del 146%. "Se ha dicho que la Administración se ha simplificado y lo que nos encontramos es un auténtica inflación de empresas y organismos autónomos", aseguró Ridao, para quien este incremento "supone un auténtico sobresueldo para determinados altos cargos y un comedero espléndido y complementario" para el entorno de CiU.

El Ejecutivo se ha negado a facilitar a Ridao las retribuciones concretas que perciben los miembros de los consejos de administración. El diputado, no obstante, realizó una estimación a partir de los datos globales ofrecidos en las respuestas parlamentarias sobre cada empresa. Según estos cálculos, la Agencia Catalana del Agua es la entidad que mejor retribuye a los miembros de su consejo directivo: en 2001 destinó 168.000 euros a este concepto. Teniendo en cuenta que se realizaron 21 reuniones y que el consejo directivo constaba de 22 miembros, el diputado concluye que cada miembro percibió alrededor de 364 euros por cada reunión. Le siguen en generosidad Túnel del Cadí, SA (270 euros por reunión), y el Incasol (211).

Este periódico intentó ayer, infructuosamente, conocer las retribuciones de los organismos adscritos a Medio Ambiente, Economía y Política Territorial -los que según el informe ofrecen dietas más cuantiosas-, pero ningún departamento facilitó los datos. En un comunicado, el portavoz del Gobierno, Felip Puig, se limitó a señalar que el Ejecutivo cumple la ley y acusó al diputado independentista de "lanzar acusaciones sin leer bien la ley", lo que a su juicio sólo contribuye a "desprestigiar" a la Generalitat.

Ridao aseguró también que el Ejecutivo utiliza las empresas públicas para "ofrecer jubilaciones complementarias" a ex altos cargos. Entre los ejemplos que cita el informe se encuentran los de Enric Arderiu, ex secretario general de Economía, y Jaume Amat, ex director general de Carreteras. Aunque destituidos en 1994 y 1993, respectivamente, en 2001 seguían en cuatro y tres consejos de administración. En conversación con este periódico, Amat, hoy jubilado, mostró su "perplejidad" por formar parte de la lista. "¿Por qué no puedo formar parte de estas empresas [relacionadas con el cargo que ocupó] con los conocimientos derivados de 18 años como alto cargo?", se preguntó.