El PP tilda de "intervencionista" la Ley Andaluza de Universidades

La presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, presentó ayer la proposición de Ley Andaluza de Universidades que ha elaborado su partido como alternativa al proyecto presentado por el Gobierno andaluz, modelo que tildó de "intervencionista" y de ser una copia del que ha llevado al sistema universitario andaluz a "una situación de asfixia financiera alarmante". Martínez aseguró que la ley popular impulsará una "autonomía real" y destinará el 1,5% del PIB andaluz a la Universidad.

Tres son las "características esenciales" que según Martínez figuran en este modelo "absolutamente distinto" al elaborado por el Gobierno andaluz: autonomía real del sistema, calidad y excelencia y suficiencia financiera para situar a la Universiadad andaluza al mismo nivel que las del resto del país y del espacio universitario europeo.

Para cumplir con el primer principio, la "autonomía real" de las universidades, la presidenta del PP explicó que su modelo huye del "intervencionismo exacerbado" plasmado en la ley andaluza propuesta por el Gobierno andaluz. Martínez propone liberar al sistema universitario del "control administrativo" al que, en su opinión, está sometido por la Consejería de Educación, a la que acusó de copar a través de sus altos cargos la mayoría de los organismos relacionados con la Universidad, como el Consejo Andaluz de Universidades, los consejos sociales o la Agencia Andaluza de Evaluación y Acreditación de la Calidad.

Para potenciar "una mayor autonomía, libertad e independencia" en estos órganos, el PP plantea que se elimine "la presencia abusiva" de los representantes de la Administración autonómica y que ésta reduzca su intervencionismo en la reglamentación e instrumentos de los que se sirve el sistema. Para ello, Martínez indicó que el proyecto popular recoge que se cree un modelo "cooperativo" entre el Gobierno, el Parlamento y las universidades que nombre a los representantes del Consejo Andaluz de Universidades. En el caso de la Agencia de Evaluación, una gran parte de sus miembros serían de extracción parlamentaria para impulsar su "objetividad e independencia" y evitar su politización. "La Ley Andaluza de Universidades del Gobierno andaluz es un claro reflejo de la autonomía virtual, que no real, que impone el modelo intervencionista del señor Chaves", dijo Martínez, que no quiso opinar sobre el respaldo que los rectores andaluces habían dado al proyecto de la Ley Andaluza de Universidades elaborada por el Gobierno andaluz. "Quizá ellos [los rectores] no se atrevan a decir lo que nosotros estamos en la obligación de decir", aseguró Rafael Salas, responsable de Universidad del PP.

Financiación

Otro de los principios básicos de la propuesta popular se centra en la financiación del sistema universitario. Dotar a las universidades de la suficiencia financiera necesaria para garantizar su convergencia con el resto de las instituciones del país y de Europa es el objetivo que se ha fijado el PP en su modelo. Para ello, según Martínez, es imprescindible destinar el 1,5% del PIB andaluz a Universidad "en los próximos años". Sobre este asunto ahondó el responsable de Universidad del PP, Rafael Salas, quien acusó al presidente de la Junta, Manuel Chaves, de hacer caso omiso a lo recogido sobre financiación en el dictamen sobre Universidad aprobado por la Cámara andaluza. "El dictamen recoge la necesidad de que se destine el 1,5% del PIB en 2006, pero lo cierto es que a Universidad sólo se destinará el 0,9% del PIB", afirmó Salas, que reprochó a Chaves que siga aplicando planes de financiación insuficientes y "que no han funcionado".

Martínez resaltó que la insuficiencia financiera ha provocado que aún existan diferencias sustanciales entre las propias universidades andaluzas en cuanto a la disponibilidad de infraestructuras y recursos, al tiempo que recordó que la media anual de gasto por alumno en Andalucía se sitúa en torno a los 600 euros menos que en el resto del país. Otros aspectos que a juicio de la presidenta del PP se ven afectados por esta carestía económica son los sueldos de los docentes, que apuntó están por debajo de la media nacional, como los programas de becas y ayudas a los estudiantes, peor dotados que los del resto del país.

Martínez achacó estas carencias al "discurso demagógico del señor Chaves" que, en su opinión, le permite solicitar un plan de financiación para la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y no presentar uno igual en la Ley Andaluza de Universidades (LAU), "pese a tener plenas competencias para ello", remachó.

La presidenta del PP andaluz aseguró que para la elaboración del proyecto de ley de su partido han contado con la colaboración de todos los sectores de la comunidad universitaria, propuestas que aún se pueden hecer llegar a través de la página web teofila.com.