El capitán del remolcador 'Ría de Vigo' comunica a la Cámara que el Gobierno no le ha dejado comparecer

El Gobierno central ha impedido que comparezca ante la comisión del Parlamento gallego que investiga la catástrofe del Prestige el capitán del remolcador Ría de Vigo, al que el ministerio encargó el salvamento del petrolero tras su accidente.

El testimonio de Antonio Lampón Barciela era decisivo para arrojar luz sobre el polémico rescate, dado que este remolcador al servicio del Estado español formó parte del dispositivo privado de la firma Smit Tak, contratada por el armador del Prestige.

El juez que investiga este caso ha recabado "informe sobre el estudio realizado y asesoramiento sobre la decisión de dar remolque al buque en la tarde del 13 de noviembre". Precisamente, la supuesta tardanza en dar remolque por problemas en la negociación cimentan las acusaciones por las que el capitán del Prestige está en prisión. También la abogacía del Estado investiga con ahínco todo lo relativo al salvamento del Prestige ante lo que consideran un presunto incumplimiento del contrato con el Estado del Ría de Vigo, por interpretar que nunca pudo actuar como remolcador privado. Estos indicios se vieron fortalecidos ayer, según letrados estatales consultados, tras publicar este diario un fax de Smit Tak a Sasemar del día del accidente, en el que se recalcaba que el Ría de Vigo formaba parte del equipo de la sociedad rescatadora holandesa. La tesis oficial de Remolcanosa, dueña del remolcador Ría de Vigo, es que nunca cometió ninguna ilegalidad en relación con el remolcaje del Prestige ni violó su contrato con el Estado.

La razón del forzado silencio del capitán del Ría de Vigo ante el Parlamento gallego es que se le "ha hecho saber explícitamente de forma verbal", que existe una "decisión de la Administración central rechazando la comparecencia de funcionarios y personal contratado por la Administración". Previamente, este empleado de la empresa privada Remolcanosa fue notificado "personalmente" de una resolución del secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Gabriel Elorriaga, que le indicaba que los funcionarios y autoridades no estaban obligados a comparecer.

Ante este "conflicto notorio de competencias y de interpretación y aplicación de normas" y, a la espera de que se resuelvan, el capitán Lampón declinó comparecer por consejo de sus asesores jurídicos.