La Diputación alavesa abandona la revista agraria 'Sustrai' editada por el Gobierno

La revista Sustrai, una publicación institucional de contenido agropecuario que desde 1985 elaboran conjuntamente las tres diputaciones vascas y el Departamento de Agricultura, ha sufrido la baja de la administración alavesa. Un durísimo editorial incluido en su último número de diciembre acusa a la institución presidida por Ramón Rabanera de negarse a pagar la deuda anual -12.000 euros- y de mentir para justificar su retirada. Álava considera que la revista "nunca había interesado" al haber minimizado la presencia de los temas referentes al agro alavés.

Sustrai se autodefine como una revista divulgativa de la realidad agraria y pesquera del País Vasco que ha sido editada desde hace 17 años por el Gobierno vasco y las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Éstas costean a partes iguales -12.000 euros anuales- su presupuesto, quedando en manos del Departamento de Agricultura los gastos de distribución de la revista. Se trata de una publicación de periodicidad trimestral, que tiene una tirada de 14.000 ejemplares dirigidos principalmente a profesionales y técnicos del sector primario vasco, entre los que se reparte de manera gratuita.

La ruptura que ahora se ha producido tiene un origen cercano a las elecciones locales de 1999, cuando la institución foral alavesa pasó de manos nacionalistas a las del Partido Popular. En aquellas fechas, un editorial de Sustrai provocó una queja de los nuevos responsables provinciales de Álava.

Discrepancias

En el artículo se realizaba un análisis de los resultados electorales del 13 de junio y se señalaba que el medio rural alavés "sigue siendo básicamente nacionalista". Después de alabar la vocación "integradora" del lehendakari, Juan José Ibarretxe, el texto aconsejaba a los partidos a extraer conclusiones de la tendencia del voto rural.

Los nuevos dirigentes forales de Álava mostraron sus discrepancias con este análisis y con la línea editorial de una publicación que "minimizaba la importancia del campo alavés, que supone el 80% de la producción agrícola vasca", subraya el director foral de comunicación, Javier de Andrés.

En una carta enviada en diciembre de 2001 a la revista, la Diputación alavesa ya anunciaba su decisión de desvincularse de ella al entender que se ha convertido en "un instrumento ajeno a los intereses del agro alavés, con poca o nula presencia de muestras realidades incuestionables en las páginas escritas".

"Es evidente que hay un trasfondo político en esta decisión", replica Luis Javier Tellería, director del gabinete de la consejería de Agricultura. "Alguien le ha dicho a Gabriel Chinchetru [diputado foral de Agricultura] que debe dejar la revista en este momento". Este alto cargo del departamento vasco, que forma parte del consejo de redacción de Sustrai, pone de relieve que durante el año 2002 ha seguido asistiendo a las reuniones de la revista el representante alavés y que es ahora, por motivos que asegura son electorales, "cuando no tienen interés en aparecer junto al Gobierno vasco en ninguna parte".

Tellería explica que la presencia de temas alaveses en esta publicación siempre ha dependido de los asuntos propuestos por los representantes de cada institución. En el último editorial de Sustrai, titulado "La Diputación foral de Álava se niega a pagar la deuda adquirida con Sustrai después de 17 años", se arremete con dureza contra la decisión tomada por Álava de desvincularse de la revista. Indica el escrito que los temas alaveses han seguido estando presentes en la publicación agraria, y que dentro de la propia institución foral ha habido opiniones discrepantes sobre la conveniencia de seguir o no en el consejo de redacción: "Muchas mentiras y poca voluntad para no pagar 12.000 euros", resuelve el editorial.

Esta ruptura sale a la luz precisamente en un momento en que las ya tensas relaciones entre la Diputación alavesa y el Gobierno vasco han alcanzado otro hito, precisamente circunscrito al ámbito agrario. La institución foral alavesa ha recurrido a finales de diciembre pasado ante la comisión arbitral el proyecto de Ley de Ordenación vitivinícola elaborado por el Gabinete de Ibarretxe por considerar que invade competencias de la administración foral.