El alcalde de San Lorenzo, al banquillo, acusado de prevaricación

El alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández Quejo, del Partido Popular, y otros cuatro concejales de la Comisión de Urbanismo tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de un supuesto delito de prevaricación administrativa -dictar una resolución a sabiendas de que es injusta-. Los hechos se remontan a enero de 1998, cuando los acusados concedieron licencia para levantar 18 casas en un lugar donde las normas sólo permitían levantar "ocho o nueve", según el auto judicial.

El Juzgado de Instrucción 1 de esta localidad de 11.000 habitantes ha dictado un auto en el que asegura que Fernández Quejo y otros cuatro ediles concedieron el 29 de enero de 1998 una licencia de obra mayor a una promotora para que levantase 18 casas en un lugar donde las normas urbanísticas sólo permitían levantar "ocho o nueve viviendas", según el auto judicial.

"Existen indicios" de que "las resoluciones dictadas son injustas", puesto que se dictaron "con frontal oposición al ordenamiento jurídico, desbordando de manera palmaria la legalidad". En el auto el juzgado insta a las partes a que formulen sus escritos de acusación o bien pidan el sobreseimiento de las diligencias.

El auto judicial es el resultado de una querella que interpuso el fiscal de Medio Ambiente, Consumo y Urbanismo, Emilio Valerio, en febrero de 1991. La fiscalía redactará ahora su escrito de acusación, que llevará inevitablemente al alcalde y al resto de imputados al banquillo de los acusados.

En estas diligencias también figuran como imputados el arquitecto municipal, Francisco Navarro, así como otras cinco personas vinculadas a la empresa que promovió las viviendas. A éstas, el juez les atribuye un delito de estafa, "al haber procedido a la enajenación de las viviendas en construcción en el terreno sito en la calle Santa Rosa, 15 , ocultando a los compradores la situación en que se encontraba la concesión de la licencia ante el Ayuntamiento (...), causando perjuicio a terceros adquirentes". El auto decreta la responsabilidad civil subsidiaria de las firmas Esege, SL, y de la inmobiliaria El Molinar.

Recurso

El alcalde Fernández Quejo señala que el auto está recurrido y recuerda que fue él personalmente quien paró esa obra al conocer su ilegalidad y asegura que su Ayuntamiento sólo concede una licencia si ésta viene acompañada de un informe favorable de los técnicos. "Yo no soy técnico; yo leo el informe; si es favorable se aprueba; si no, no". El regidor aclara que tiene guardadas "siete u ocho licencias concedidas por anteriores alcaldes que autorizaron construcciones con exceso de densidad".

La querella del fiscal que ha dado origen a este auto indica que las casas empezaron a levantarse en 1997 en un solar de 2.400 cuadrados situado en la citada calle de Santa Rosa y propiedad de Rosa Andradas. Esta mujer acudió a la fiscalía para denunciar que el gobierno municipal de San Lorenzo le había engañado. Relató que, en abril de 1997, el arquitecto municipal le comunicó que en su parcela sólo se podían construir ocho viviendas. Ella hizo esa consulta porque quería vender parte de su finca y conocer su situación urbanística con vistas a fijar el precio. Se quedó de piedra cuando, tras vender el solar a una inmobiliaria "ajena al municipio", descubrió que la comisión de gobierno había obviado las normas urbanísticas y autorizado a la constructora, Eseges, SL, a levantar 18 casas y garajes.

Anomalías

Siempre según la querella, en noviembre de 1997, y en vista de las anomalías, la mujer se entrevistó con el arquitecto municipal y con el concejal de Urbanismo, José Antonio Perea Unceta. Éste le dijo "que no estaba muy puesto en urbanismo, pero que estudiaría" sus quejas; en cambio, el arquitecto le avanzó que las "normas urbanísticas se podían y se iban a cambiar", a lo que Andradas repuso que tales normas "vinculan al momento en que se tramitan las licencias".

El 23 de enero de 1998 la comisión de gobierno, compuesta por el alcalde y los concejales -también imputados- Consuelo Urgarte, José Antonio Perea Unceta (Urbanismo), Lorena de Santos Richard y Juan Carlos de Andrés Hermana, estudió y aprobó el proyecto básico de Eseges, que pedía licencia para levantar 18 viviendas y garajes.

El proyecto, según la fiscalía, fue aprobado pese a que "incumplía absolutamente la normativa aplicable" a esa parcela. Además, en noviembre de 1999 la Comunidad de Madrid confirmó que el proyecto ya aprobado vulneraba la ley.

Pese a ello, el arquitecto municipal elevó un informe a la comisión de gobierno dando luz verde al proyecto: la construcción de nueva planta de un edificio de 18 viviendas y garajes en la calle de Santa Rosa.

Eseges comenzó las obras en mayo de 1998, "a la vista de todos", sin "haber presentado el proyecto de ejecución de obras" y sin que el Consistorio las paralizase "de oficio". Eso sí, las detuvo al mes siguiente, después de que Andradas lo denunciase. Pero la paralización fue breve. El 16 de junio de 1998 la comisión de gobierno, previo informe favorable del arquitecto, dio de nuevo luz verde al proyecto de ejecución. Tampoco ese proyecto se ajustaba a las normas urbanísticas.

Las obras siguen aún detenidas, y a los imputados les espera ahora el banquillo.