Un año de desgobierno del Poder Judicial

El actual Consejo General del Poder Judicial, quinto en la era de la democracia, ha cumplido su primer año de mandato. Nació al calor del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, acuerdo histórico parlamentario que trataba por primera vez en España de diseñar una Administración de justicia moderna y eficaz adaptada a las exigencias más elementales de una sociedad democrática avanzada, y ofreció su primera imagen pública frente a un nuevo acto de sabotaje al Estado de derecho protagonizado por una banda criminal que mató en el País Vasco a un hombre justo servidor de la sociedad -el juez José María Lidón-, contundente imagen de unidad que, aun obvia, concitó el aplauso de todos por su inmediata reacción de firmeza ante la barbarie terrorista.

Tanta expectativa de cambio en un servicio público básico para la ciudadanía y tan firme manifestación de repulsa frente a la quiebra de la pacífica convivencia no sirvieron, no obstante, para que presidente y consejeros del Poder Judicial, aun con sus inevitables diferencias, ofrecieran a los ciudadanos y a la carrera judicial un programa serio y riguroso de iniciativas políticas de consenso que llenara de contenido la agenda de un órgano constitucional de coordinación en materia de justicia como es el Consejo. Antes bien, pronto este Consejo evidencia una inquietante falta de rumbo, que ha sido la tónica dominante de su actividad en todo el año: así, inicia el desmantelamiento de un modelo consolidado a lo largo de anteriores mandatos en materia de formación judicial y Escuela Judicial, modelo que cuenta con un reconocimiento dentro y fuera de la carrera judicial y prestigio internacional; se desentiende del contrastado Libro Blanco y sus concretas propuestas para solucionar algunos males de la Administración de justicia en España que redactó el anterior Consejo; despliega un control disciplinario sobre jueces y tribunales poco serio -las inspecciones, pura rutina, no permiten descubrir la verdadera realidad del estado de cosas judicial y, lo que es peor, detectar las disfunciones y corregirlas-, cuando no errático para un Estado de derecho -botón de muestra, el viaje de ida y vuelta de la investigación abierta a la juez Ruth Alonso por dictar una resolución ajustada a la legalidad vigente-; mantiene, más allá de encuentros puramente protocolarios, un anormal alejamiento de la carrera judicial a la que representa, que proyecta desconfianza en muchos de los jueces y magistrados que ejercen la función jurisdiccional en situaciones realmente difíciles -excesiva carga laboral, inadecuadas infraestructuras, etc.-; desprecia a las asociaciones judiciales, a las que, no sólo les ha dirigido en este tiempo escasísimas convocatorias de trabajo, sino que ni siquiera las llama para compartir con todos -ciudadanos de bien e instituciones- el dolor por la muerte del compañero hace un año asesinado. Y eso cuando, además y para mayor desazón, en no pocas ocasiones se ha producido en su seno el enfrentamiento de una mayoría "conservadora" que, con el presidente a la cabeza, hacía descarado seguidismo político del Ministerio de Justicia, y una minoría "progresista", atenazada precisamente por esa condición hasta el punto de impedirse a sí misma proyectar con imaginación sus alternativas.

En fin, todos ellos síntomas preocupantes de desgobierno del Poder Judicial, que muestran un Consejo que en su primer año de mandato no ha dado la talla política necesaria para hacer frente a sus compromisos constitucionales ante la sociedad, y no por falta de capacidad y de voluntad de sus integrantes, con seguridad desencantados por el pobre bagaje ofrecido. Queda mucho mandato y el marco de acuerdo parlamentario en materia de justicia permite abrigar la esperanza de que el actual Consejo sabrá regenerarse para liderar con consenso y vigor las importantes reformas que en materia de justicia tiene pendiente nuestro país, impulso político reflexivo en el que va a contar siempre con la colaboración de todos los colectivos implicados, particularmente de las asociaciones judiciales, sin duda de Jueces para la Democracia.

El actual Consejo General del Poder Judicial, quinto en la era de la democracia, ha cumplido su primer año de mandato. Nació al calor del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, acuerdo histórico parlamentario que trataba por primera vez en España de diseñar una Administración de justicia moderna y eficaz adaptada a las exigencias más elementales de una sociedad democrática avanzada, y ofreció su primera imagen pública frente a un nuevo acto de sabotaje al Estado de derecho protagonizado por una banda criminal que mató en el País Vasco a un hombre justo servidor de la sociedad -el juez José María Lidón-, contundente imagen de unidad que, aun obvia, concitó el aplauso de todos por su inmediata reacción de firmeza ante la barbarie terrorista.

Tanta expectativa de cambio en un servicio público básico para la ciudadanía y tan firme manifestación de repulsa frente a la quiebra de la pacífica convivencia no sirvieron, no obstante, para que presidente y consejeros del Poder Judicial, aun con sus inevitables diferencias, ofrecieran a los ciudadanos y a la carrera judicial un programa serio y riguroso de iniciativas políticas de consenso que llenara de contenido la agenda de un órgano constitucional de coordinación en materia de justicia como es el Consejo. Antes bien, pronto este Consejo evidencia una inquietante falta de rumbo, que ha sido la tónica dominante de su actividad en todo el año: así, inicia el desmantelamiento de un modelo consolidado a lo largo de anteriores mandatos en materia de formación judicial y Escuela Judicial, modelo que cuenta con un reconocimiento dentro y fuera de la carrera judicial y prestigio internacional; se desentiende del contrastado Libro Blanco y sus concretas propuestas para solucionar algunos males de la Administración de justicia en España que redactó el anterior Consejo; despliega un control disciplinario sobre jueces y tribunales poco serio -las inspecciones, pura rutina, no permiten descubrir la verdadera realidad del estado de cosas judicial y, lo que es peor, detectar las disfunciones y corregirlas-, cuando no errático para un Estado de derecho -botón de muestra, el viaje de ida y vuelta de la investigación abierta a la juez Ruth Alonso por dictar una resolución ajustada a la legalidad vigente-; mantiene, más allá de encuentros puramente protocolarios, un anormal alejamiento de la carrera judicial a la que representa, que proyecta desconfianza en muchos de los jueces y magistrados que ejercen la función jurisdiccional en situaciones realmente difíciles -excesiva carga laboral, inadecuadas infraestructuras, etc.-; desprecia a las asociaciones judiciales, a las que, no sólo les ha dirigido en este tiempo escasísimas convocatorias de trabajo, sino que ni siquiera las llama para compartir con todos -ciudadanos de bien e instituciones- el dolor por la muerte del compañero hace un año asesinado. Y eso cuando, además y para mayor desazón, en no pocas ocasiones se ha producido en su seno el enfrentamiento de una mayoría "conservadora" que, con el presidente a la cabeza, hacía descarado seguidismo político del Ministerio de Justicia, y una minoría "progresista", atenazada precisamente por esa condición hasta el punto de impedirse a sí misma proyectar con imaginación sus alternativas.

En fin, todos ellos síntomas preocupantes de desgobierno del Poder Judicial, que muestran un Consejo que en su primer año de mandato no ha dado la talla política necesaria para hacer frente a sus compromisos constitucionales ante la sociedad, y no por falta de capacidad y de voluntad de sus integrantes, con seguridad desencantados por el pobre bagaje ofrecido. Queda mucho mandato y el marco de acuerdo parlamentario en materia de justicia permite abrigar la esperanza de que el actual Consejo sabrá regenerarse para liderar con consenso y vigor las importantes reformas que en materia de justicia tiene pendiente nuestro país, impulso político reflexivo en el que va a contar siempre con la colaboración de todos los colectivos implicados, particularmente de las asociaciones judiciales, sin duda de Jueces para la Democracia.