El Gobierno elevará de 3 a 10 años la pena máxima para quien trafique con inmigrantes

La inmigración, "que debe ser legal y ordenada", según el Gobierno, será una de las banderas de la campaña del Partido Popular para las elecciones del 25 de mayo. El PP dedicó a la inmigración la última de sus convenciones de preparación del programa electoral y aprovechó esta convocatoria de partido para que el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, Ángel Acebes, anunciaran una batería de medidas contra las redes que trafican con inmigrantes irregulares y para la expulsión inmediata de los que delincan. El tráfico de personas es ahora un delito menor castigado con un máximo de tres años. Esa pena máxima se elevará hasta a 10 años con agravantes si se trafica con menores.

"Los inmigrantes deben de tener todos los derechos, pero también cumplir con todos los deberes. Los mismos derechos y deberes que nosotros, y eso implica acatar y respetar nuestras leyes y nuestro sistema de valores", sentenció ayer Mariano Rajoy, interrumpido por los aplausos de los militantes de su partido reunidos en Barcelona. Afirmó que los inmigrantes deben asumir este sistema de valores, y argumentó que para él "es el mejor" porque "es el de las democracias occidentales, el de la libertad y el del respeto a los derechos humanos".

Esta declaración de principios fue el andamio sobre el que el PP, representado ayer por el vicepresidente y el ministro del Interior, construyó su defensa de un paquete de reformas legales sobre la inmigración que el partido del Gobierno confía tengan un amplio respaldo de la ciudadanía porque "España ha rechazado la inmigración ilimitada y ve absurdo el principio de papeles para todos".

El contenido ideológico de las medidas, resumidas en el cuadro, ha sido expuesto en múltiples ocasiones por el Partido Popular: no puede ser lo mismo la inmigración "legal que la clandestina" y la integración de los inmigrantes debe basarse "en el trabajo y en la educación". En palabras de Acebes, "España ha sido, es y será un país de acogida, pero sin poner en riesgo la convivencia que garantiza la legalidad y la integración".

Lucha contra las mafias

La diferencia con discursos previos, muy criticados, del PP, es que la lucha contra la ilegalidad se dirigirá ahora "contra las mafias que trafican con seres humanos". El Código Penal sólo prevé condenas de seis meses a tres años para estos delitos. Se cambiará para que la pena máxima sea, con carácter general, de ocho años, y suba hasta 10 años si el destino del inmigrante irregular fuera la prostitución. Además, sea cual sea ese destino, se considerarán agravantes las siguientes circunstancias: tráfico con menores, formar parte de redes organizadas o haber puesto en peligro la vida o la seguridad del inmigrante.

El Gobierno también culpa a esas mafias de que los inmigrantes irregulares delincan. Ahora, por el artículo 89 del Código Penal, queda en manos del juez decidir si las penas privativas de libertad inferiores a seis años pueden ser sustituidas por la expulsión del territorio. Rajoy empezó a dar esta batalla en el verano de 2001 siendo ministro del Interior. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados reclamó a los grupos parlamentarios su apoyo para pedir a los jueces que ejercieran esa potestad. Los diputados le dijeron que entendían sus argumentos, que hablara con los jueces, y ahí quedó todo.

Ahora se modificará ese artículo 89 para que la expulsión no sea optativa, sino obligatoria, inmediata y automática si la pena no implica el ingreso en prisión provisional. Y obligatoria después de cumplida la condena si el inmigrante debiera de ingresar en la cárcel. Aún más: el expulsado no podrá volver a España en 10 años y el Ejecutivo pretende convencer a sus socios de la Unión Europea para que esa expulsión por 10 años opere en todo el territorio Schengen, es decir, en los países comunitarios en los que hay total libertad de movimiento de personas. Para ello propone registrar a los expulsados por delincuentes en una lista negra que les impida pedir un visado o un permiso de trabajo en los países de la Unión.

"Que las redes que trafican con personas tengan claro el mensaje de que a España se puede venir a trabajar y a convivir, pero no a delinquir", clamó Acebes en medio de un unánime aplauso de sus correligionarios. Hasta ahora, según el análisis del Gobierno, los "robos, hurtos y otros delitos menores son la excusa que utilizan los inmigrantes irregulares para quedarse y no ser expulsados". El problema es que ahora, aunque haya una orden administrativa de expulsión, ésta se paraliza mientras se celebra el juicio y, como el delito es menor o es simplemente una falta, el presunto delincuente no ingresa en prisión. "Es una situación insostenible en la que se incentiva un encadenamiento de faltas o pequeños delitos para evitar la expulsión", destacó Acebes.

Si la legalidad es una de las patas de la estrategia de inmigración del PP, la integración es la otra. Rajoy se encargó de defenderla. Presumió de que en España la educación es un derecho para todos para apostillar que es también obligatorio tener a los niños, y niñas, escolarizados hasta los 16 años. Eso no implica, subrayó, atentar contra "ninguna cultura o religión pues en España la gente es libre y hay libertad de culto, pero también hay una Constitución y un sistema de valores".

Leyes que hay que cumplir

En el auditorio de militantes populares barceloneses que le escuchaban había muchas personas mayores. Didáctico, Rajoy les dijo que aquí "no se corta una mano al que roba ni se lapida a las adúlteras, como es natural, pero hay leyes que hay que cumplir".

Dos de ellas van a ser reformadas para garantizar que ese cumplimiento impulse la integración de los inmigrantes. Se modificará el título III del Código Penal, que regula los delitos de lesiones, para que la ablación sea un delito específico, con un castigo que aún no ha decidido el Gobierno. Esta medida ha sido reclamada por el Congreso y por el Senado, y cuenta con el respaldo de las asociaciones feministas y de derechos de la mujer.

En la misma línea de medidas para la integración de las mujeres inmigrantes, el Gobierno reformará el Código Civil para que puedan acogerse a la regulación española sobre separación y divorcio aquellos inmigrantes que no puedan hacerlo con la ley de sus países de origen. Con este anuncio, el PP se suma, en plena precampaña electoral, a la defensa del divorcio como medida de convivencia en la familia.