Informe Aldama: y parió un ratón...

Tras cinco meses de trabajo, la Comisión Aldama (por el nombre de su presidente, el empresario Enrique de Aldama y Miñón) presentó la semana pasada su Informe de la comisión especial para el fomento de la transparencia y la seguridad en los mercados financieros y en las sociedades cotizadas. La Comisión Aldama nació con el objeto de elaborar unas pautas de buen gobierno en las empresas españolas, tras la oleada de escándalos de contabilidad creativa y ausencia de controles de la misma, que tuvo su epicentro en EE UU, y su origen, en la empresa energética tejana Enron. De las 49 páginas del informe se desprende una idea fuerza: ha triunfado la idea de los que, dentro de la comisión, preconizaban que lo mejor es que las empresas autorregulen su gobierno, y ha sido vencida la de quienes pretendían una mayor capacidad normativa. No obstante, el vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato anunció en el momento de la presentación que algunas de las recomendaciones del informe podrán obtener el rango de ley.

En esencia, el informe Aldama recomienda la práctica de un informe anual del buen gobierno de cada empresa cotizada; el deber de información transparente sobre la propiedad del capital, las normas de funcionamiento del consejo de administración y la junta general de accionistas, o los sistemas de control de riesgo, y el deber de lealdad de los administradores, que incluye no desempeñar cargos en empresas competidoras, no utilizar información confidencial con fines privados, evitar los conflictos de intereses, abstenerse en las votaciones que le afecten, deber de secreto aun después del cese, o no hacer uso indebido de los activos de la sociedad. Es decir, el sentido común. La comisión, por el contrario, no ha fijado un límite de edad común para los consejeros (dependerá de cada empresa), ni la separación obligatoria de los cargos de presidente y consejero delegado, ni el número de consejeros independientes, ni limita la reelección de los consejeros o el número de consejos a los que se puede pertenecer.

Los contenidos del informe Aldama son continuistas con los de la Comisión Olivencia, creada hace cinco años y de cuyas recomendaciones se han valido hasta ahora las empresas (se puede hacer una comparación entre ambos entrando en el sitio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: www.cnmv.es). Incluso se puede afirmar que en algunos aspectos supone una marcha atrás por el carácter tan generalista de muchos de sus párrafos. En cualquier caso, la aplicación universal de los criterios citados anteriormente supondrían un avance en las prácticas del buen gobierno corporativo.

Por una coincidencia, el mismo día en que se presentaba en Madrid el informe Aldama, la Comisión de Confianza y Empresa Privada, creada en EE UU por The Conference Board, hacía públicas también sus recomendaciones sobre buen gobierno, auditoría y contabilidad. Entre ellas figuraba la separación de las figuras de presidente y consejero delegado dentro de una empresa cotizada, y la vehemencia en la existencia de una sustancial mayoría de independientes dentro de los consejos. Esas recomendaciones se unían a las ya conocidas, desde el pasado mes de septiembre, sobre la vigilancia de las remuneraciones exageradas de los ejecutivos de las empresas, causa de la multiplicación de los escándalos de la América Corporativa (la escala de emolumentos había llegado a ser, en algunas sociedades, de 411 a 1).

Para los interesados en estos temas han aparecido últimamente dos publicaciones excelentes: El gobierno de la empresa, del catedrático Vicente Salas Fumás (Colección de Estudios Económicos de La Caixa), uno de los mejores expertos, y '¿Crisis en el gobierno de las empresas?', número 93 de la Revista del Colegio de Economistas de Madrid. A destacar dentro de este último el artículo del catedrático de Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra Oriol Amat, en el que describe 14 técnicas de maquillaje de los números empresariales, con impacto en las cuentas anuales, y los sistemas de detección.