Una montaña de agujeros

Los municipios mineros de Los Serranos esperan impacientes a que el Consell reordene el sector

Cientos de camiones circulan diariamente por las carreteras de Los Serranos cargados con miles de toneladas de arcillas, caolines y sílices camino de las industrias azulejeras y cerámicas de Castellón. Los vecinos de los municipios mineros ven pasar los suculentos beneficios que generarán lejos de su comarca, mientras observan cómo desaparecen parte de sus montes agujereados por minas y canteras, una actividad de fuerte impacto ambiental y que deja poco dinero en las arcas de los ayuntamientos. La convivencia con las industrias extractivas es difícil desde hace años, y en algunos casos imposible. Como en Andilla, que a mediados de 1998 se cansó de lidiar con los propietarios de las minas para que pagaran los impuestos que exigía e intentó cerrar sus explotaciones. El pueblo aún espera respuesta al contencioso que inició dos años antes y aguarda con impaciencia la prometida reordenación del sector. "Han pasado dos legislaturas y todo son declaraciones de buenas intenciones", critica el alcalde de Andilla, Daniel Domingo, de Unión Valenciana, que reprocha al Consell dejadez en el control de las minas y recibe con escepticismo el anuncio del consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, de que ya está listo un borrador de decreto que impondrá una estricta vigilancia para el cumplimiento de la legislación ambiental.

"Se están merendando la comarca, esto parece un queso de Gruyère", dice Luis Súller, de Ecologistas en Acción-La Serranía, y las fianzas impuestas desde 1982 para garantizar unas restauraciones que en muchos casos no se realizan "son ridículas". Con 175 concesiones mineras, a la comarca "le llueven los proyectos de sondeos".

El Consell reconoce que hay que poner orden en la actividad minera; las explotaciones de arcillas, mármol, áridos y yeso facturan anualmente en la Comunidad 718 millones de euros y las 594 concesiones existentes ocupan unas 40.000 hectáreas, el 2% del territorio autonómico. Las competencias sobre la actividad minera se reparten en varias consejerías, y eso dificulta el control al sector y hace resurgir periódicamente las denuncias sobre explotaciones ilegales y protestas como la que en junio de 2001 llevó a Valencia a unas 5.500 de Los Serranos. Las movilizaciones ciudadanas movieron al Consell a prometer proyectos: Industria, con la competencia sobre las concesiones, anunció un plan territorial para las arcillas en enero de 2001, y en marzo de 2002 Modrego anunció el decreto medioambiental, mientras Obras Públicas afirmó el mismo mes que elaboraba un plan de acción territorial. Desde el Consell se dice que las tres consejerías están encajando las piezas del rompecabezas.

Industria ultima el plan para reordenar el sector de las arcillas, con un centenar de explotaciones, el 60% en la provincia de Valencia. A este plan le acompañarán las exigencias del decreto de ordenación ambiental de Medio Ambiente, con una larga lista de condiciones para garantizar el menor impacto posible y la restauración paisajística constante.

Estas iniciativas se esperan con expectación en los municipios con minería de Los Serranos, que si bien coinciden en que es hora de poner orden, están divididos entre los que apuestan por reducir esta actividad para centrarse en el turismo rural, y los que buscan conciliarla con mayores beneficios para sus pueblos. Entre los primeros está Andilla, que encabezó hace unos años la oposición a una minería "que lo incumple todo", según Daniel Domingo. La sentencia por el contencioso contra siete minas está pendiente desde la vista celebrada el 6 de mayo, lo que ha movido a Ecologistas en Acción a presentar una queja ante el Síndic de Greuges. Domingo también acusa a Medio Ambiente de no informarle sobre las denuncias por la invasión de monte público, a lo que la consejería contesta que tiene una unidad de control minero y ha abierto 15 expedientes sancionadores.

En la misma línea se sitúa Aras de los Olmos, cuyo alcalde, Juan Carlos Mora, del PSPV, rechaza las peticiones para nuevas explotaciones, con los consiguientes problemas judiciales para un pueblo que "apuesta por el turismo rural". También tiene contenciosos Titaguas por denegar una licencia para reabrir una mina parada 25 años. El alcalde, el socialista Ramiro Rivera, argumenta que "una buena gestión del monte tiene mayores beneficios que la explotación minera".

Ayuntamientos como Villar del Arzobispo, Higueruelas, Losa del Obispo o Alpuente pactaron en 1998 con el sector un protocolo por el que los municipios cobran 0,12 euros por tonelada de materia prima extraída. Aunque el acuerdo, que expira en 2003, ha permitido mejorar las relaciones, no satisface del todo las aspiraciones de estos municipios. "Esperamos el decreto como agua de mayo", dice la alcaldesa de Alpuente, Amparo Rodríguez (PP), que considera que el protocolo "sólo implica un intento de armonía". "Los ayuntamientos sabemos que la minería es necesaria, pero a cambio pedimos servicios, carreteras y restauraciones, además de puestos de trabajo", argumenta. En Villar del Arzobispo, con grandes explotaciones, la relación con el sector es "bastante buena", dice la concejal Dolores López. El protocolo con la industria "no ha funcionado todo lo bien que debiera" y tampoco se realizan restauraciones ambientales, pero se sacan beneficios porque mantiene una flota de un centenar de camiones.