La oferta de Zaplana sobre subsidio agrario exige más fondos para las políticas activas de empl eo

El traspaso de las políticas activas de empleo a Andalucía, anunciado por el Gobierno desde 1998, está más cerca. La Junta ha aceptado que la transferencia efectiva se realice el 1 de mayo, aunque su última exigencia era tener plena competencia sobre estas políticas desde este mes. Y el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, aseguró ayer que respetará esa fecha "haya o no haya acuerdo" con la Junta en el otro gran asunto en negociación: la liquidación del anterior modelo de financiación. Sin embargo, la última propuesta del ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, para solventar el conflicto del subsidio agrario exigirá que el Gobierno destine más fondos a estas políticas en Andalucía, extremo que no se ha contemplado todavía en el acuerdo.

La base del acuerdo para transferir las políticas activas de empleo es el consenso que, según la Junta, ya alcanzaron altos cargos de la Consejería de Empleo y del Ministerio de Trabajo hace casi dos años. Según ese acuerdo técnico, el Gobierno central tiene que traspasar al Ejecutivo andaluz 1.627 funcionarios, 190 oficinas de empleo, 8,4 millones de euros en gastos corrientes y 4,2 millones en inversiones al año para hacer frente a las necesidades de esta estructura administrativa. Además, el Ministerio se comprometió a un pago único de 6,6 millones de euros para remodelaciones pendientes.

Con esta estructura, la Junta decidirá y gestionará los diferentes programas de estas políticas activas de empleo (casas de oficio, escuelas-taller, talleres de empleo y agentes de desarrollo local). En los últimos años, el Gobierno ha asignado unos 246 millones de euros anuales para los programas andaluces y ésa es la previsión que tuvieron en cuenta la Consejería de Empleo y el Ministerio de Trabajo al negociar el acuerdo técnico.

La reciente propuesta de Zaplana (aún en redacción) para desbloquear el conflicto del subsidio agrario cambia esta ecuación. El ministro de Trabajo ha ofrecido a los sindicatos que los jornaleros andaluces y extremeños que se queden fuera del subsidio agrario por la reforma del Gobierno cobren una nueva ayuda, similar en cuantía al subsidio (330 euros durante seis meses). Y anunció que la propuesta incluye un reforzado programa de inserción laboral para los jornaleros, que deben asistir a los cursos de formación que se les plantee.

Este programa significará, basicamente, más políticas activas de empleo en el medio rural. Y Zaplana recordó a los presidentes andaluz (Manuel Chaves) y extremeño (Juan Carlos Ibarra) que ese programa lo gestionarán las comunidades autónomas si para entonces las competencias están traspasadas (Extremadura ya las tiene, Andalucía las tendrá en mayo).

Si la propuesta de Zaplana sale adelante, las políticas activas de empleo en Andalucía y Extremadura requerirán de una mayor dotación económica, una eventualidad que no ha sido anunciada aún por el Gobierno. Por el contrario, la Junta lleva años denunciando que, en el reparto de dinero que hace cada año la Administración central entre las comunidades autónomas, el peso de los jornaleros está minusvalorado. El reparto se realiza, fundamentalmente, conforme al paro registrado en cada comunidad. Pero los eventuales agrarios sin empleo (unos 300.000) no están incluidos en esta estadística: junto a amas de casa y personas que buscan su primer empleo, sólo pesan un 8% en los índices que se elaboran para establecer qué dinero irá a cada comunidad.

Salvo esta nueva cuestión, que está pendiente de que la oferta de Zaplana se concrete, la Junta y la Administración central sólo discrepan en una fecha: mientras que el Ejecutivo ha ofrecido al Gobierno andaluz cogestionar las políticas activas de empleo desde marzo, la Consejería de Empleo quiere que esa cogestión comience en febrero.

Cogestión en febrero

Una fuente de este departamento explicó que, habitualmente, a principios de ese mes el Ministerio decide una parte importante de los programas que se realizarán en las comunidades sin competencias. Si el acuerdo con Andalucía se formaliza, el Gobierno sólo mantendrá las competencias sobre las políticas activas de Murcia y País Vasco (ver gráfico). Una fuente del Ministerio de Trabajo aseguró que las negociaciones con Murcia van a buen ritmo, aunque el Gobierno regional (PP) no está conforme con la valoración económica. Con el País Vasco, los contactos están bloqueados: Euskadi quiere también las políticas pasivas de empleo (pagar las prestaciones por desempleo, por ejemplo), algo que la Administración central rechaza frontalmente.

El ministro de Administraciones Públicas recalcó ayer que "no hay problemas en el traspaso de las políticas activas de empleo, van a llegar en abril o mayo". Arenas sugirió que esta transferencia no ha sido posible en 2002 porque la Junta de Andalucía condicionó el acuerdo a que hubiese también un pacto para liquidar las deudas pendientes por el anterior modelo de financiación. "A lo mejor algún día explico el motivo por el que no han llegado antes", dijo Arenas. La Junta, por el contrario, sostiene que el acuerdo es posible desde marzo de 2001.