Los políticos malagueños critican a Monteseirín por pedir un estatuto de capitalidad para Sevilla
El presidente provincial del PP acusa a Chaves de ser el "inductor" de la solicitud del alcalde
La petición formulada al ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, por el alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, de que se sume a Sevilla y al resto de capitales autonómicas al estatuto especial solicitado por Madrid y Barcelona, ha desatado las críticas de los políticos malagueños, que entienden que la futura Ley de Grandes Ciudades no debe hacer distinciones. El PP malagueño acusó ayer al presidente de la Junta, Manuel Chaves, de "inducir" la solicitud de Monteseirín, quien ayer dijo que de su petición "no se puede deducir un deseo de excluir a Málaga de la ley".
El primero en contestar la petición de Monteseirín, formulada el jueves tras una reunión en el Ministerio de Administraciones Públicas para debatir la futura Ley de Grandes Ciudades, fue el presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, quien, en tono encendido, acusó a Monteseirín de actuar "de forma desleal, fuera de tono y provinciana", y aventuró que el alcalde de Sevilla había recibido del presidente andaluz, Manuel Chaves, "el encargo de excluir a Málaga del club de las grandes ciudades".
Ramírez añadió que la petición "fue inoportuna, porque si se trataba de hablar de la Ley de Grandes Ciudades, salir con la capitalidad no tenía lugar. Si Monteseirín cree que Sevilla tiene que tener un estatuto de capitalidad, que lo solicite a la Junta y explique a todos los andaluces el motivo de pedir un estatuto especial por algo que le ha reportado inversiones y ventajas".
El candidato a la alcaldía de Málaga por el Partido Andalucista, Ildefonso Dell'Olmo, también exigió una respuesta del presidente andaluz a la petición de Monteseirín, que calificó de "solemne chorrada". "Chaves planteó un pacto para evitar la confrontación entre ciudades, no sé si se le habrá olvidado", dijo Dell'Olmo.
Críticas del PSOE
Pero la petición de Monteseirín no sólo encontró el rechazo de sus adversarios políticos. La secretaria provincial del PSOE y candidata a la alcaldía de Málaga, Marisa Bustinduy, recalcó su "desacuerdo" con el alcalde sevillano. "Hasta ahora se ha venido trabajando con el grupo de las siete ciudades, y no entiendo por qué hay que formar subgrupos. Si se dota a las grandes ciudades de un régimen especial, no parece lógico excluir a Málaga y Bilbao. Hay que seguir trabajando en la misma línea que antes", comentó.
Bustinduy cuestionó sin embargo que el PSOE de Andalucía participase de las opiniones del alcalde de Sevilla. "Estoy convencida de que son unas declaraciones de carácter personal. Es legítimo que Alfredo, como alcalde que es, pida lo mejor para su ciudad, pero eso en absoluto tiene que ver con una postura de partido", agregó la candidata socialista a la alcaldía de Málaga.
También el vicesecretario regional de política municipal del PSOE, el malagueño Salvador Pendón, puso en duda que Monteseirín abanderase una propuesta del partido. "El PSOE de Andalucía lo que defiende es un equilibrio dado por el hecho de que existe una ciudad que es la capital política y administrativa de Andalucía y existe otra que es la capital económica", opinó Pendón. Este periódico intentó recabar otros pareceres en el seno de la ejecutiva regional socialista, pero sus miembros declinaron pronunciarse "para no alimentar polémicas absurdas".
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, insistió ayer en que su intención no es perjudicar los intereses de Málaga, sino "defender" los de Sevilla. "Madrid y Barcelona quieren un estatus especial por su condición de grandes capitales autonómicas y nosotros exigimos al ministro que se deje la puerta abierta a otras ciudades que pueden cumplir las mismas condiciones", aclaró.
Para el alcalde, la adscripción de Málaga a la Ley de Grandes Ciudades está fuera de toda duda. "Al principio esta ley se pensó para Madrid, Barcelona y poco más, y fui yo quien pidió en el Ministerio de Administraciones Públicas que pudieran entrar todas las grandes ciudades", apuntó. "Pero si Madrid y Barcelona piden un tratamiento especial dentro la legislación, nosotros también lo queremos para Sevilla, porque cumple los requisitos", insistió el alcalde.
La polémica desatada por las declaraciones de Monteseirín reaviva el enfrentamiento que el alcalde de Sevilla y el de Málaga, Francisco de la Torre, mantuvieron hace justo un año, cuando el sevillano reclamó por primera vez un estatuto de capitalidad para su ciudad.
Las ventajas de los grandes
La futura Ley de Grandes Ciudades contempla una serie de privilegios para sus beneficiarias, entre las que de momento se barajan Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Málaga.Entre otras medidas, se contempla la de ceder al alcalde o alcaldesa de una gran ciudad la responsabilidad de la coordinación de las policías que operen en su término municipal, así como recibir nuevas competencias en materias como Educación, Sanidad y Servicios Sociales.El borrador de la ley, en el que se lleva trabajando en torno a un año, ha estudiado las competencias de que gozan grandes ciudades en países como Italia, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos o Argentina. El Gobierno anunció en el momento de iniciar los trabajos su intención de debatir el borrador antes de su trámite parlamentario con los presidentes de comunidades autónomas, los alcaldes de las grandes ciudades, la Federación Española de Municipios y Provincias y representantes de la Unión Europea.El proyecto contempla que el Estado y las comunidades autónomas transfieran a los ayuntamientos beneficiados por la ley tanto las materias como la suma económica asignada a los servicios que resulten transferidos. Madrid y Barcelona fueron en principio las únicas ciudades que contaban con la seguridad de gozar de los privilegios del nuevo marco legal. Tras la ampliación del grupo de capitales susceptibles de acceder al nuevo régimen, ambas capitales plantearon la necesidad de que se las distinguiera con un estatuto especial por población y situación administrativa.
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