Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Control corporativo

La Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad de los Mercados Financieros y Sociedades Cotizadas (comisión Aldama, por el nombre de su presidente) ha hecho público el informe encomendado por el Gobierno el pasado 19 de julio. Su constitución fue una reacción a escándalos específicos en España, particularmente el originado por Gescartera, en un contexto internacional dominado por la convulsión en el sistema empresarial estadounidense. La comisión ha dispuesto, por tanto, de referencias empíricas suficientes y de los propios trabajos regulatorios llevados a cabo en otros países, especialmente en EE UU. El precedente de las poco seguidas recomendaciones formuladas por las dos comisiones Olivencia, la primera constituida en 1997, debe servir al Gobierno para que las conclusiones ahora presentadas no caigan en el mismo saco roto. Ya entonces se advertía de la insuficiencia y falta de transparencia de la información proporcionada por las sociedades que cotizan en Bolsa a sus accionistas, así como de otras manifiestas irregularidades en el funcionamiento de los mercados de capitales, conflictos de intereses y uso de información privilegiada, entre otros.

El informe viene a reconocer un amplio y razonable margen de autorregulación y de autoorganización de las propias sociedades, a las que está preferentemente dirigido. Ese respeto a la libertad en modo alguno debería entrar en conflicto con normas claras y, en todo caso, con la disposición de eficientes mecanismos de verificación de su cumplimiento. Es así bienvenida la intención anunciada por el vicepresidente Rato de obligar a las sociedades cotizadas a informar anualmente de las prácticas de buen gobierno, incluidos los criterios de composición de los consejos de administración y la remuneración de sus miembros, y de las principales decisiones.

La disposición de una "mayoría amplia" de consejeros externos e independientes, la aportación de suficiente información, la disposición de reglamentos de funcionamiento de los principales órganos de gobierno, el respeto a los accionistas minoritarios (incluida una más estricta regulación sobre las OPA), son, entre otras, estipulaciones básicas que han de incorporarse en las correspondientes normas, cuya elaboración no debería demorarse por parte del Ejecutivo. Junto a ello, se debería reforzar la capacidad y la coordinación entre sí de las instancias de supervisión de los propios mercados, de forma muy particular la CNMV, y extender el celo en la aplicación del principio de transparencia a su funcionamiento.

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