El paro alemán se elevó en 261.600 personas en 2002 y la tasa acabó en el 10,1%
Aunque esperado, el dato no deja de ser alarmante para los respon-sables de la economía alemana: la tasa de paro de la mayor econo-mía de la zona euro subió del 9,6% al 10,1% en diciembre pasado, se-gún informó ayer la Oficina Federal de Empleo. En el antiguo Este, la tasa es del 18,4%, mientras en el Oeste es del 8,2%. En total, 4.225.100 alemanes se encontraban inscritos como desempleados a finales del año pasado, el mayor nivel desde 1997 y 261.600 más que en diciembre de 2001. Ese mes respecto a noviembre se elevó en 199.300. Incluso si se tienen en cuenta los efectos estacionales -este invierno está resultando particularmente duro, lo que dificulta la actividad de la construcción-, el número de desempleados subió entre noviembre y diciembre en 28.000 personas.
El presidente de la Oficina Federal de Empleo, Florian Gerster, explicó el nuevo aumento con la "frágil" coyuntura y la "débil" demanda interna, mientras la oposición lo achaca a la falta de medidas y a la falta de flexibilidad laboral. El año pasado, Alemania apenas creció un 0,3% y un 0,4%, según estimaciones preliminares del Bundesbank. Para el actual ejercicio, el Gobierno todavía confía en alcanzar un 1,5%, aunque ya dentro de unas semanas podría revisar a la baja esta previsión. Tanto los institutos de investigación económica como la Comisión Europea prevén un ritmo de actividad que difícilmente alcanzará el 1%.
Cada vez más presionados desde que se impusieran en las elecciones del 22 de septiembre, socialdemócratas y verdes pusieron en marcha una reforma del régimen de desempleo. Otras medidas, incluidos drásticos recortes al Estado de bienestar para reducir las contribuciones a la Seguridad Social y, por extensión, los costes laborales, se anuncian para este año.
Ayer seguían las negociaciones entre el Gobierno, los länder (Estados federados) y los ayuntamientos con el sindicato de servicios Verdi sobre el convenio para los tres millones de empleados públicos. Verdi exige un alza salarial de al menos un 3%. La Administración había ofrecido hasta un 2,8%, que debía compensarse con una extensión de los horarios de trabajo.
