El Gobierno lanza un plan de extrema dureza contra la pequeña delincuencia

El Gobierno presentó ayer a los grupos parlamentarios de la oposición, en el marco del Pacto por la Justicia, un paquete de severas medidas contra la pequeña delincuencia, basado en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello se modificarán los requisitos para dictar prisión provisional a los delincuentes. Se mantienen el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas, pero se permitirá, "excepcionalmente", dictar prisión provisional para quienes incurran en delitos castigados con penas menores de dos años, y no de seis como hasta ahora. Se añade, además, un nuevo requisito: "Evitar la comisión de nuevos hechos delictivos". Además, si esos delincuentes tienen antecedentes, forman parte de una banda organizada o han reincidido en la infracción de la ley, el juez podrá dictar su prisión provisional. En este tipo de delitos se incluye la violencia callejera del País Vasco. Los grupos de la oposición dieron el visto bueno a las medidas.

La reforma permite la prisión provisional para los delitos penados con menos de dos años

El Ejecutivo renuncia a que la delación sea condición necesaria para la reinserción de etarras

Las propuestas de Interior recibieron el visto bueno de los grupos de la oposición

Con esta reforma, el Gobierno de José María Aznar pretende, tal y como él mismo anunció en septiembre de 2002, "barrer las calles de pequeños delincuentes". La población reclusa española es de las más altas de Europa: 52.000 presos. En 2002 ingresaron más de 4.000, la cifra más alta desde 1990.