Los restos del naufragio

Contra el naufragio de su Gobierno, Aznar ha sacado los escudos de la lucha antiterrorista y de la seguridad ciudadana. Lo ha hecho a su estilo: alardeando de que no le importaría, es decir, que le gustaría quedarse solo defendiendo esas causas. Zapatero, también fiel a su estilo, respondió ayer que, a pesar de las provocaciones, seguirá defendiendo el Pacto Antiterrorista y tratando de convencer al Gobierno para que afine algunos aspectos de la reforma legal proyectada.

El desprecio por el consenso bajo el argumento de que el PP tiene mayoría absoluta supone una deslealtad a los compromisos firmados y un error político. Lo que interesa con el endurecimiento de la política penitenciaria es precisamente transmitir a los terroristas el mensaje de que cumplirán largas condenas, y que ello no depende ni de negociaciones imposibles de sus jefes con el Gobierno ni de un cambio de signo del Ejecutivo. Para eso se firmó el Pacto Antiterrorista: para garantizar que un cambio de mayoría no afectaría a las líneas maestras de la política antiterrorista. El consenso no es un adorno circunstancial, como parece creer Aznar, sino un componente de la política de Estado en relación al terrorismo.

Si el problema es que los beneficios penitenciarios se aplican con criterios que favoren la sensación de impunidad, habrá que precisar esos criterios, y no necesariamente modificar toda la legislación penal. Y menos, aprovechar la emoción antiterrorista para deslizar bajo cuerda una reforma penal global que cuestione valores introducidos por el régimen democrático en los últimos 25 años. Tiene fundamento establecer un porcentaje mínimo de cumplimiento como condición para acceder al tercer grado (semilibertad, durmiendo en prisión). Y también afinar más los criterios para establecer un pronóstico favorable de reinserción. No es normal que pueda salir en libertad condicional alguien que no se atreve a romper públicamente con la banda y a desobedecer sus consignas, pero carece de realismo identificar ruptura con delación. Además, ¿qué información interna puede tener alguien que lleva diez años en la cárcel?

Para evitar la unilateralidad y deslizamientos indeseables, el Pacto Antiterrorista, y en lo que le concierne el Pacto por la Justicia, incluyen el compromiso de negociar entre los firmantes eventuales modificaciones legales que afecten a su contenido. Ello permitió en su día corregir imperfecciones de la Ley de Partidos que habrían afectado a su eficacia. Ese objetivo es lo que justifica la reunión celebrada ayer por todos los grupos parlamentarios firmantes del Pacto por la Justicia.

Así, cabe discutir medidas para evitar la multirreindicencia, aunque tratar de resolverla siempre, sobre todo con los delitos menores, a través de la prisión preventiva puede conducir a resultados muy dudosos en un país que ya cuenta con una de las mayores poblaciones reclusas del continente: más de 52.000 según el último censo. Lo mismo cabe deducir del riesgo de comisión de nuevos delitos, que suena igual que la estrategia del ataque preventivo. Otras cuestiones relacionadas con la extensión de la prisión provisional, como la de los procesados por delitos menores pero pertenecientes a bandas organizadas, merecen también una pausada consideración. Algo que encaja mal con la precipitación de un Aznar obsesionado por recobrar como sea una iniciativa que brilló por su ausencia en la crisis del Prestige.