Políticas antiterroristas

Al sacar ahora la bandera del endurecimiento de la política penitenciaria para los terroristas ¿intenta el PP colocar en primer plano, para que se olviden otros, un tema en el que sabe que la oposición no puede dejar de apoyar al Gobierno? Por supuesto que sí, lo que demuestra un comportamiento oportunista. También lo sería cualquier intento de minimizar la importancia real del terrorismo a fin de evitar que la vida política gire en torno a un tema que deja poco espacio a la oposición. Esa tentación existió en el PSOE y todavía hay sectores que empujan a Zapatero a romper los pactos antiterroristas con ese argumento.

El cálculo de los impulsores de la reforma es que los socialistas tendrán que elegir entre apoyarla (lo que sería bueno para el PP en este momento de zozobra) o rechazarla (lo que aún sería mejor, dada la popularidad de la propuesta). Es posible que, en plena ofensiva por proyectar contra el PSOE la responsabilidad de todo lo que va mal, pensaran más en esa segunda posibilidad, y de ahí que incumplieran el compromiso de acuerdo previo incluido en el Pacto Antiterrorista. Los de Zapatero han desoido las voces que les incitaban a romper y han reaccionado como ante la Ley de Partidos: respaldo al principio de endurecimiento de las condiciones de reinserción, pero sin renunciar a plantear objeciones a aspectos que la hacen imposible en la práctica. Es evidente que no puede haber reinserción sin ruptura con ETA: con los abogados de ETA, con la orden de ETA de no solicitar el tercer grado, etc. Pero si colaboración activa significa delación, no podrá haber reinserción.

Aznar ha respondido a esas objeciones diciendo que la reforma saldrá adelante, con o sin consenso. Sería injusto no reconocer al PP el mérito de haber comprendido que al fanatismo no se le combate sólo con argumentos sino con actos políticos: con hechos que demuestren la voluntad del Estado democrático de aplicar la ley sin vacilaciones que creen espacios de impunidad y transmitan una idea de inseguridad en sus propias fuerzas. Eso parece una obviedad hoy, pero hasta hace poco se consideraba un punto de vista extremista. Sin embargo, Aznar no entiende que no es lo mismo que ese mensaje de firmeza del Estado de derecho -que también va dirigido contra un Ibarretxe tentado de romper las reglas del juego- vaya avalado por el PSOE y al menos CiU, o sólo por el PP, con independencia de que cuente con mayoría absoluta. Porque las mayorías cambian y ese mensaje será más contundente si hay garantías de que una eventual alternancia en el Ejecutivo no modificará la política antiterrorista.

El cumplimiento íntegro de las penas formó parte del programa del PP de 1996, pero desapareció en el de 2000. Seguramente porque también había desaparecido la política de reinserción colectiva que había servido para facilitar la disolución de ETA (p-m) y que se quiso trasladar, sin éxito, a la ETA sobreviviente. Pero aún así, el Gobierno del PP mantuvo políticas de reinserción individual, en cuyo nombre ha seguido justificándose, por ejemplo, la dispersión de presos. Y no desdeñó algunas operaciones destinadas a desmontar la retórica victimista de ETA. En 1999 lanzó una campaña, vía embajadas en Latinoamérica, para que regresasen más de 300 refugiados sin causas penales abiertas. Era ETA quien se oponía al grito de "todos o ninguno".

La principal medida antiterrorista sigue siendo la detención y entrega a la justicia de los comandos, pero casi tan importante como eso es interrumpir el mecanismo de reproducción generacional de ETA, garantizado hasta ahora a través de la lucha callejera y demás medios de socialización de la juventud en el nacionalismo violento. El año recién ido ha sido el de menor número de atentados (33) y de víctimas (5) de las últimas décadas -fuera del periodo de tregua- y el de un mayor número de personas detenidas y encarceladas o procesadas por vinculación a ETA (140). Pero también el año de mayor retroceso de los ataques de violencia callejera (193, frente a 415 del año anterior). Siendo lo más significativo que en el primer trimestre se registraran 72 actos de kale borroka, 62 en el segundo, 49 en el tercero y 9 en el cuarto, tras la suspensión cautelar de Batasuna. Los negros augurios episcopales de que esa suspensión, camino de la ilegalización, incendiaría Euskadi, no se han cumplido, gracias a Dios.