El PP relega el debate sobre la privatización de la gestión de RTVV

El interés por acelerar el debate parlamentario sobre la posible privatización de la gestión de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) fue decisivo a la hora de habilitar el mes de enero para ampliar el último periodo de sesiones de la actual legislatura en las Cortes Valencianas. Sin embargo, el asunto no mereció una sola mención en la primera reunión de la Mesa de las Cortes destinada a organizar el calendario parlamentario de las próximas semanas. Resulta obvio que el PP ha optado por relegar el debate en torno a la privatización de RTVV, auspiciado meses antes de que el Gobierno central optara por modificar la legislación sobre la titularidad de los medios de comunicación a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos del Estado.

La excusa formal esgrimida por el Consell para solicitar la habilitación parlamentaria del mes de enero, normalmente un periodo de vacaciones, fue la relación de proyectos de ley pendientes de tramitación, que sumarán una docena cuando el Gobierno autonómico registre las modificaciones previstas en la ley de cajas para adaptarla a la nueva norma financiera estatal.

Examen para farmacéuticos

Pero el primer pleno de las Cortes, convocado el próximo miércoles, abordará en exclusiva la modificación de un sólo artículo de la ley de ordenación farmacéutica, un asunto que parece menor en relación a otros proyectos legislativos de cierta relevancia.

La ley de ordenación farmacéutica vigente establece ciertos criterios de población para autorizar la instalación de una oficina dispensadora de medicamentos.

La modificación prevista prevé el establecimiento de una prueba abierta a todos los posibles aspirantes a instalar una farmacia como criterio último de autorización administrativa. Un examen.

Los tribunales han fallado a favor de todos los profesionales de farmacia que han modificado unilateralmente sus horarios de apertura o han instalado oficinas al margen de las directrices de la Generalitat. A la postre, prima el libre ejercicio profesional sobre la regulación de las autoridades autonómicas.

Así, establecer como requisito la superación de un examen para poder instalar una farmacia choca con la jurisprudencia. Un portavoz del PP asegura que la modificación pretende poner fin al uso de información privilegiada para solicitar la apertura de farmacias en las zonas adecuadas y abrir el acceso al servicio a todos los licenciados en igualdad de condiciones.

Un portavoz del PSPV, sin embargo, sugiere que la premura del Consell a la hora de modificar la legislación sobre ordenación farmacéutica va dirigida a posibilitar un mayor control de las licencias de apertura de nuevas farmacias para favorecer en exclusiva a los licenciados afines y pagar favores antes del final de la presente legislatura.