Los dueños de 'L'Oca' trataban al pasaje como "simple mercancía", según el fiscal

El dilatado macrojuicio para dirimir las responsabilidades del naufragio del lago de Banyoles, en el que fallecieron 21 jubilados franceses el 8 de octubre de 1998, no ha hecho mover ni un ápice las acusaciones que la fiscalía dirige contra los dos propietarios de la embarcación y el concejal del Ayuntamiento. En su informe final, el fiscal mantuvo ayer la petición de cuatro años de cárcel para los tres acusados por los delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte.

El fiscal fue contundente en su exposición y llegó a afirmar que los dos propietarios, Simón Rodríguez y Bartomeu Gayolà, trataron a sus pasajeros como "simple mercancía". Asimismo, aseguró que en sus actuaciones los propietarios "no desplegaron la inteligencia mínima de un niño de tres años". Les achacó haber interferido en la construcción de la embarcación ordenando agujerear unas aperturas por debajo de la línea de flotación, no tener títulos para navegar, haber lastrado la proa del barco, no haber pasado las pruebas de navegabilidad, sobrecargar la embarcación de pasaje y disponer las sillas sin fijación alguna.

El defensor de los barqueros, Carles Monguilod, asegura que el fiscal quiso dar una imagen "perversa" de sus clientes y que los cambios que introdujeron en la embarcación obedecieron a cuestiones técnicas, nunca al afán de ganar más dinero.

Reglamento municipal

Respecto a la actuación de Josep Alsina, el concejal acusado, el fiscal mantiene que era "el único que podía interferir" para evitar que la embarcación navegara por el lago sin cumplir con las exigencias del reglamento municipal. En su largo informe, que se prolongó unas tres horas, el fiscal aseguró que carece de importancia que Alsina, tal y como parece haberse acreditado en el juicio, no fuera el responsable de Medio Ambiente. Según el fiscal, el concejal hubiera podido ver, sólo pidiendo antecedentes a la secretaria municipal, que no se les podía conceder el permiso para cambiar la embarcación de gasóleo por la eléctrica, que acabó naufragando. Según la acusación del Estado, "las muertes son causa directa de la autorización de navegar sin hacer ninguna comprobación".

Las tres acusaciones particulares que ayer presentaron sus informes se adhirieron a la petición del fiscal. Una de ellas, en la línea del fiscal, aseguró que los propietarios eran "comerciantes ávidos de dinero". Asimismo consideran que el fiscal debería incrementar el montante de las indemnizaciones porque no ha tenido en cuenta los daños morales causados después de una muerte tan trágica -que en algunos casos fue contemplada por la pareja que sobrevivió al naufragio- y el mayor nivel de vida de Francia. Hoy está previsto que los restantes abogados de las acusaciones particulares presenten sus informes finales.