La investigación sobre el 'Prestige' comenzará sin la documentación solicitada

La comisión parlamentaria encargada de investigar las circunstancias y consecuencias del hundimiento del Prestige iniciará sus sesiones el próximo viernes en la Cámara gallega. Lo hará sin tener aún en su poder la documentación solicitada a los organismos públicos y privados implicados en el desastre, cuyo plazo de entrega no vence hasta el 20 de enero. La oposición (PSOE y BNG) critica que entre las comparecencias no figure la de ningún alto cargo de la Administración central (salvo la del delegado del Gobierno en Galicia) y que la voz de los técnicos haya quedado relegada.

Doce diputados gallegos, cuatro de cada grupo, analizarán a partir del viernes todo lo relacionado con la catástrofe provocada por la rotura del Prestige, que ha arrojado a la costa gallega miles de toneladas de fuel desde el pasado 13 de noviembre. La presencia de los partidos es paritaria, aunque el voto será ponderado en función del número de escaños de cada grupo: los cuatro parlamentarios del PP gozarán así de mayoría absoluta frente a los ocho que sumarán BNG y PSOE. Esa mayoría ha permitido también a los populares frenar en las reuniones previas las pretensiones de la oposición, que exigía la comparecencia de ministros, de altos cargos de la administración central y del presidente de la Xunta, Manuel Fraga.

"Más que una comisión de investigación es una comisión de simulación. Únicamente se convoca a un miembro del Gobierno, y sólo se reserva un día para escuchar a los técnicos, que además están aún por concretar", protesta Alfredo Sáez Canal, coordinador del grupo parlamentario del BNG y miembro de la comisión.

El BNG ha propuesto, por el momento en vano, llamar a oficiales radioeléctricos, almirantes, químicos, ingenieros náuticos, oceanógrafos, expertos en evaluación de daños y, "por supuesto, a todos los técnicos que asesoraron al Gobierno". "El PP aceptó crear la comisión, pero después se ha dedicado a ir matándola poco a poco. La prisa no puede ir en detrimento del rigor", añade la diputada socialista Dolores Villarino.

Lo que sí han logrado nacionalistas y socialistas es que la comisión solicite una amplísima batería de documentos a diversos organismos públicos y empresas privadas. La Delegación del Gobierno, la Vicepresidencia del Ejecutivo y el Ministerio de Fomento tendrán que facilitar todos los detalles sobre los operativos activados tras el hundimiento del buque, las actas de reuniones, la identidad de todos los técnicos consultados y el contenido de los acuerdos adoptados; además, deberán entregar copia de cualquier orden, fax, grabación telefónica o correo intercambiado con el capitán del Prestige, el Ejecutivo central, los ayuntamientos afectados, las cofradías, Marina Mercante, Salvamento Marítimo... "Si no hubo comunicación con alguno de estos organismos, también habrá que especificarlo. Con esto pretendemos poner en evidencia que en realidad el Gobierno no hizo muchas de las cosas que dice que hizo", aclara Sáez Canal.

Petición de diarios

Igualmente se ha solicitado información, entre otros, a Marina Mercante (primer informe realizado, diario de incidencias de la torre de control, movimientos de los remolcadores, dispositivo de salvamento), al capitán del Prestige (diario de navegación, cuaderno de bitácora, órdenes recibidas desde que pidió auxilio), a los responsables de los remolcadores (diarios de navegación, facturas telefónicas en las primeras horas para determinar el tiempo perdido mientras se negociaba el precio del rescate) y a la empresa armadora del petrolero (certificados de inspección, planos del buque).

El problema es que esta exhaustiva documentación llegará diez días después de iniciadas las comparecencias, y cuando ya hayan desfilado por la comisión los principales protagonistas, entre ellos todos los consejeros del Gobierno gallego y el capitán Apostolos Mangouras. "Se ha hecho así para ir ganando tiempo. Si hubiéramos esperado a tener toda la documentación esto se habría retrasado mucho. Además, cuando termine ese primer turno de comparecencias existe la posibilidad de abrir una segunda ronda", alega Jesús Palmou, secretario general del PP de Galicia.

Palmou justifica la no comparecencia de miembros del Gobierno central con el argumento de que "ante el Parlamento gallego la administración que debe responder es la autonómica". ¿Por qué entonces no se ha citado al presidente de la Xunta, Manuel Fraga? "Creemos que es suficiente llamar a los consejeros", responde el secretario regional del PP.