IU y PNV rechazan endurecer la reinserción y las penas a etarras

La reforma de la política de reinserción de los etarras que planea el Gobierno divide a los partidos. Las reticencias del PSOE sobre esta materia se convirtieron ayer en rechazo por parte de IU y el PNV a la propuesta de reforma del Código Penal, que pretende elevar de 30 a 40 años la pena máxima para los etarras y endurecer las condiciones sobre beneficios penitenciarios. Ambas formaciones estiman que la reforma supone eliminar la reinserción.

El ministro de Justicia José María Michavila anunció ayer, tras finalizar su ronda de conversaciones con los partidos políticos, que no cambiará básicamente su propuesta e insistió en que la colaboración activa de los presos etarras contra el terrorismo será una condición necesaria para que puedan acogerse a la reinserción. Tras adelantar que la reforma legal, cuyo anteproyecto aprobará el Consejo de Ministros de hoy, cuenta con el apoyo de principios de la mayoría de los partidos, incluido el PSOE, calificó de "políticas ingenuas" las favorables al mantenimiento de la reinserción tal y como ahora establece la legislación vigente.

Michavila se entrevistó con el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, quien calificó de "dudosamente constitucional" la propuesta gubernamental porque vulnera, a su juicio, los principios de "igualdad, reinserción y división de poderes" al elevar de 30 a 40 años la pena máxima para los terroristas y endurecer las condiciones de reinserción de los etarras.

Llamazares también considera de "dudosa eficacia" la "eliminación en la práctica" de la reinserción y recordó que la propia ETA ha sido la principal enemiga de la misma.

Margarita Uría, en nombre del PNV, también trasladó a Michavila su rechazo a la propuesta gubernamental porque la elevación de penas de 30 a 40 años "se acerca demasiado a la imposibilidad de la reinserción prevista en la Constitución y a la cadena perpetua". La diputada del PNV defendió el actual sistema penitenciario, para el que reclamó más medios, y la prestación de una atención individual a los reclusos para favorecer su reinserción. Retó al ministro de Justicia a que le dijera cuántos etarras reinsertados habían vuelto a delinquir porque, a juicio de la diputada nacionalista, sólo lo hizo José María Etxeberria Garaikoetxea, uno de los presuntos autores del asesinato del guardia civil Antonio Molina el pasado 17 de diciembre.

Michavila no desmintió la información de la diputada nacionalista, aunque le respondió que "al Gobierno le basta con evitar un solo asesinato para impulsar leyes".

El titular de Justicia no sólo defendió la constitucionalidad de su reforma sino que buscó legitimidad para ellas. Michavila asegura que su propuesta sobre las nuevas condiciones para la reinserción de etarras se basan en una decisión marco del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, del 13 de junio pasado, sobre la lucha contra el terrorismo.

El artículo 6 de dicho acuerdo marco europeo señala condiciones similares a las planteadas ahora por el Gobierno para la reinserción de etarras que hoy aprobará el Consejo de Ministros se fundamentará en él. Dicho artículo señala:

"Todos los estados miembros podrán considerar la posibilidad de tomar las medidas necesarias para que las penas mencionadas (sobre delitos de terrorismo) puedan reducirse si el autor del del delito:

a) abandona la actividad terrorista.

b) proporciona a las autoridades adminsitrativas o judiciales información que éstas no hubieran podido obtener de otra forma y que les ayude a:

- Impedir o atenuar los efectos del delito.

- Identificar o procesar a los otros autores del delito,

- Encontrar pruebas o

- Impedir que se cometan otros delitos (vinculados al terrorismo)".

Michavila enmarcó la reforma del Código Penal y de la Ley Penitenciaria dentro del paquete de medidas adoptadas en los últimos meses por el Pacto Antiterrorista para luchar contra ETA (ley de partidos, medidas de defensa de los concejales, contra el blanqueo de dinero...). También le valió la referencia europea para atacar al PNV por "haberse opuesto a todas y cada una de las medidas que en los últimos tiempos se han puesto en marcha para cerrar cualquier espacio a la impunidad a los etarras y sus apoyos". Michavila sostuvo, tras la ronda con los partidos, que la propuesta cuenta con un apoyo de la "inmensa mayoría del Congreso".