El Gobierno da luz verde a la subida a 40 años de la pena máxima de prisión para terroristas

El Consejo de Ministros ha concluido su primera reunión del año, en la que ha aprobado el anteproyecto de ley para el cumplimiento íntegro de las condenas por terrorismo y otros delitos de especial gravedad, que elevará a 40 años la pena máxima de cárcel. La norma será ahora enviada al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emitan sus preceptivos informes.

Pese a que el ministro de Justicia, José María Michavila, ha conversado con representantes de todo el arco político para buscar el máximo consenso, la reforma no incluirá las propuestas del PSOE sobre reinserción y beneficios penitenciarios para los terroristas. IU y el PNV han mostrado su rechazo a la medida porque, en su opinión, elimina la reinserción.

Sin embargo, Michavila, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, ha expresado su convencimiento de que la reforma será un instrumento eficaz en la lucha contra ETA y el "camino más corto para aplicar la ley con firmeza y sin atajos". También ha destacado que la iniciativa del Gobierno contará con el apoyo del 94% del Congreso de los Diputados cuando sea tramitada.

La postura del Gobierno: Michavila ha asegurado tras concluir su ronda de conversaciones que la colaboración activa de los presos etarras contra el terrorismo será una condición necesaria para que puedan acogerse a la reinserción, y ha tachado de "políticas ingenuas" las favorables al mantenimiento de este aspecto tal y como está contemplado en la legislación vigente.

La postura de Izquierda Unida: El coordinador de IU, Gaspar Llamazares, ha calificado de "dudosamente constitucional" la medida, porque vulnera, a su juicio, los principios de "igualdad, reinserción y división de poderes". Para Llamazares, "la eliminación en la práctica" de la reinserción es además de "dudosa eficacia".

La postura del Partido Nacionalista Vasco: El PNV también ha mostrado su rechazo a la medida, puesto que, según ha señalado la diputada Margarita Uría, elevar las penas a 40 años "se acerca demasiado a la imposibilidad de la reinserción prevista en la Constitución y a la cadena perpetua".

La postura del PSOE: Por su parte, el diputado y ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha reclamado una convocatoria del Pacto Antiterrorista (suscrito entre el Gobierno y el PSOE en diciembre de 2000) para analizar la reforma legal y lograr el máximo consenso a la hora de llevar a cabo una reforma del Código Penal y de la Ley Penitenciaria de tal envergadura.

El artículo 5 del Pacto Antiterrorista dice: "Nuestro sistema penal ofrece una respuesta jurídica adecuada para reprimir estos delitos (terroristas). No obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos que constituyeran objetivamente colaboración o incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo".

Pérez Rubalcaba ha subrayado la visión favorable a la reinserción de etarras del vigente Pacto Antiterrorista al ser una pieza más en el debilitamiento de ETA y a la que se ha opuesto sistemáticamente la dirección de la banda. El diputado socialista pidió ayer al secretario general del PP, Javier Arenas, "Constitución, consenso y calma" ante "la precipitada decisión del Gobierno de reformar las políticas penitenciaria y de reinserción".