Legislatura y media de enfrentamiento

La "confrontación" es un término que ha hecho fortuna entre los políticos para definir el enfrentamiento institucional que han protagonizado en los últimos seis años el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Un conflicto que arranca de las desavenencias entre ambas Administraciones por el anterior modelo de financiación (entre 1997 y 2001), que el Ejecutivo autonómico consideró gravemente perjudicial para sus arcas al no actualizar el censo de población.

La Junta y el Gobierno han sido capaces de ponerse de acuedo en el nuevo modelo de financiación, firmado el año pasado, pero no han conseguido restañar la herida abierta por el conflicto anterior. Ni tan siquiera cuando en julio una sentencia de la Audiencia Nacional favorable a la Junta sobre uno de los aspectos del conflicto (la retención del 2% de los fondos presupuestados esos años) forzó un nuevo proceso negociador que concluyó el pasado 30 de diciembre, de nuevo en fracaso, tras seis meses de encuentros, cartas y conversaciones telefónicas (ver gráfico). "Han reconocido lo que deben, pero no han tenido la voluntad de pagar", sostuvo ayer la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, tras detallar el curso de las negociaciones mientras el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, mantenía que el acuerdo aún es posible, sin poner fecha a esa posibilidad.

Las pérdidas por la falta de acuerdo en el anterior modelo de financiación autonómica ha alimentado el conflicto entre ambas Administraciones, una situación que ha condicionado otros asuntos pendientes. El más llamativo es el traspaso de las políticas activas de empleo, prometido primero por el propio Arenas en 1998 y luego por varios ministros del PP. Un nuevo retraso en esta transferencia dejará a Andalucía como la única comunidad sin esta competencia.