El fiscal pide cárcel para el dueño de una cantera de Padul

La Fiscalía de Granada ha pedido año y medio de cárcel para Santiago Delgado, propietario de una cantera del parque natural de Padul que entre 1995 y 2000 incurrió en numerosas irregularidades y prosiguió con la explotación pese a las advertencia de parte de la Administración. El fiscal también ha solicitado seis meses de prisión por otro delito contra el medio ambiente contra el alcalde de Padul, Cipriano Duarte (IU) y contra Miguel Ángel Tobes, jefe del departamento de Minas de la Consejería de Economía por respaldar como cómplices al dueño de la cantera.

El procedimiento formó parte de una causa más amplia contra varias canteras de Padul que ahora se han desgajado. La explotación irregular de la cantera Gravera El Volaero se remonta a 1988, año en que la sección de Minas de la Consejería de Fomento emitió una primera resolución en la que acortaba la concesión hasta finales de 1990 y exigía un estudio de impacto ambiental que fue reclamado infructuosamente. Pero en 1991 las irregularidades fueron más patentes. En diciembre de ese año la Policía Local formuló la primera denuncia por abrir un nuevo tajo sin autorización en la ladera.

En el escrito de acusación el fiscal considera que entre 1993 y 1997 Santiago Delgado "continuó explotando de forma ilegal" la cantera, no sólo porque incumplió las normas legales sino porque la explotación fue "muy agresiva contra el medio ambiente ya que originó una pared casi vertical", que además de un grave impacto visual generó un fuerte riesgo de desprendimientos. El Defensor del Pueblo Andaluz también intervino sin fortuna para suspender la actividad de la cantera.

Plan controlado

Entre los años 1994 a 2001 el segundo implicado, Miguel Ángel Tobes, jefe del departamento de Minas, "incumplió sus obligaciones". En 1994 emitió un informe en el que aseguraba que los planes de restauración de la cantera estaban siendo controlados, a pesar de que la reforestación era prácticamente inexistente.

Por su lado, el alcalde de Padul, Cipriano Duarte, en 1997, 19 días después de tomar posesión del cargo, se reunió con el propietario de la cantera para concertar un nuevo contrato de adjudicación directa para explotar la ladera hasta el año 2007. Este acuerdo sirvió, según la Fiscalía, para dar "amparo y continuidad a una explotación que estaba causando un fuerte impacto ecológico" y por la que el Ayuntamiento continuó percibiendo los correspondientes cánones de arrendamiento por la extracción de piedra caliza.

Dos años más tarde, en febrero de 1999, y "para completar la labor de cobertura", el alcalde otorgó la correspondiente licencia de apertura de establecimiento a la cantera, que de este modo siguió funcionando. La explotación, sin embargo, no fue clausurada hasta agosto de 2001 por orden del Consejo de Gobierno.