La Diputación vizcaína paga 1,3 millones a tres comunidades de vecinos por unas expropiaciones declaradas ilegales
La Diputación de Vizcaya abonará próximamente más de 1,3 millones de euros a tres comunidades de vecinos de Bilbao por unas expropiaciones de terrenos que realizó hace más de diez años y que fueron declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia. El Consejo de Gobierno foral ha aprobado el pago millonario tras una sentencia del Supremo, que en julio pasado confirmó el fallo dictado hace cinco años por el Tribunal Superior vasco sobre un pleito iniciado en los 90. El Departamento de Obras y Transportes realizó las expropiaciones la pasada década para llevar a cabo obras en el barrio de La Peña, situado en la periferia de Bilbao. El objetivo era establecer medidas de defensa ante inundaciones del río Nervión, que en las grandes riadas de 1983 afectaron especialmente a esta zona.
La Diputación expropió entonces terrenos de las comunidades Viviendas Achuri, Viviendas Bolueta y Viviendas Miraflores, que totalizaban un superficie de cerca de 43.500 metros cuadrados, sin pagar indemnización alguna. El Tribunal Superior vasco de Justicia estableció, en una sentencia de diciembre de 1997, el derecho de las comunidades expropiadas a percibir una indemnización de más de 4.000 pesetas (24 euros) por metro cuadrado.
La Diputación recurrió el fallo al Supremo, que el pasado 9 de julio reconoció el derecho a las indemnizaciones, "al considerar improcedente la desestimacion por silencio administrativo" de las solicitudes de reversión de los terrenos realizadas por parte de las comunidades de vecinos.
La semana pasada, el Ejecutivo vizcaíno aprobó el abono de 575.000 euros en concepto de indemnización a las comunidades de vecinos de Viviendas Achuri; 152.000 a Viviendas Bolueta y 325.000 a Viviendas Miraflores. A esas cantidades se unen los intereses contados desde 1998, a partir de la sentencia del Tribunal Superior vasco, que suponen otros 140.000 euros para las tres comunidades. La cifra final será mayor,porque los intereses están calculados hasta el 16 de noviembre y por ello el consejo de gobierno ha facultado al diputado de Obras para que incorpore los importes "a que asciendan las liquidaciones de intereses complementarias correspondientes al periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2002 y la fecha efectiva de pago".
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