Argentina se toma un respiro

Antes de que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciaran las vacaciones de Navidad, dieron un regalo a Argentina. El viernes 20, el portavoz del FMI, Thomas Dawson, anunció lo que Buenos Aires esperaba oír desde hace un año: la aceptación de un acuerdo financiero. No implicará el préstamo de fondos frescos y tampoco una postergación de todos los pagos a organismos multilaterales. Sólo retrasará los pagos hasta junio, es decir, hasta que finalice la Administración que encabeza Duhalde.

El Gobierno conseguirá que el FMI, el Banco Mundial y el BID aplacen vencimientos de deuda por 8.850 millones de dólares

En una prolongada reunión informal, los técnicos del FMI y algunos representantes del Grupo de los Siete (G-7, los siete países más industrializados) discutieron sobre la conveniencia de finalizar las dilatadas negociaciones con Argentina, que hace un año incurrió en una de las suspensiones de pagos más grandes de la historia. Los delegados de Estados Unidos, Francia e Italia se mostraban más proclives a un pacto por diversos motivos: el coste del reciente impago de Argentina al Banco Mundial para sus principales accionistas, el cumplimiento de numerosas exigencias del FMI, el impacto en la opinión pública internacional de las imágenes del hambre en la provincia norteña de Tucumán o la posibilidad incipiente de que este país suramericano imite el ejemplo malaisio y logre salir de la crisis sin ayuda multilateral. Los representantes de Gran Bretaña y Canadá sostenían la postura más conservadora del director gerente del FMI, Horst Köhler, y su número dos, Anne Krueger, que desconfían de un país que ha incumplido 15 de los últimos 19 acuerdos con el organismo.

El portavoz del FMI, finalmente, informó que la entidad "accedió a considerar" en enero próximo un pedido de Argentina para negociar un pacto de transición. Dawson descartó que el convenio establezca "nuevo financiamiento neto" para un país con una deuda pública de 142.000 millones de dólares. El Gobierno del peronista Duhalde conseguirá que el FMI, el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aplacen vencimientos de deuda por 8.850 millones de dólares en los próximos seis meses. Esa suma incluye los 700 millones que dejaron de abonarse al Banco Mundial en octubre pasado. Se evitará así que Argentina extienda su suspensión de pagos con acreedores externos privados a los organismos multilaterales, que mantendrán entonces sus programas de financiamiento a infraestructura, educación, salud y producción.

Esperando las elecciones

El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, espera que el FMI debata el acuerdo el 8 de enero y lo apruebe antes del 15, día en que su país debe abonar 1.065 millones al organismo. Buenos Aires deberá comprometerse, a cambio, a rigurosas metas fiscales y monetarias hasta agosto. El portavoz del FMI aseguró que este pacto de transición "podría abrir el paso para un programa más amplio luego de las (elecciones) presidenciales", que se celebrarán el 27 de abril. Duhalde prometió dejar el Gobierno el 25 de mayo, pero algunos de sus acólitos lo proponen como candidato para los comicios. De momento, ningún postulante reúne suficientes adhesiones para vencer en primera vuelta: la diputada centro-izquierdista Elisa Carrió lidera con el 16,6%, seguida por los peronistas Adolfo Rodríguez Saá -presidente durante una semana de diciembre pasado- (15,6%); Carlos Menem -jefe de Estado entre 1989 y 1999- (13,8%) y Néstor Kirchner -gobernador de la provincia patagónica de Santa Cruz- (8,1%).

El FMI repetía en los últimos meses que tres cuestiones lo separaban de Argentina, además de la incertidumbre política. En primer lugar, los números fiscales. El organismo obligó a Buenos Aires a reponer impuestos y eliminar del presupuesto partidas no asignadas porque consideraba que sólo así se alcanzaría la meta de superávit fiscal primario (sin pagos de deuda) del 2,5% del PIB. El Senado argentino sancionó el jueves la ley de gastos tal como el FMI lo sugería.

En segundo término, la entidad dirigida por Köhler exigía que se actualizaran las tarifas de los servicios públicos privatizados. La Ley de Emergencia Económica rompió unilateralmente en enero los contratos de privatización y concesión, desdolarizó los precios y los congeló. El dólar, mientras tanto, se apreció el 250% frente al peso y la inflación ascendió al 40%.

Los servicios públicos pasaron de ganadores del régimen del tipo de cambio fijo a perdedores de la devaluación. Entre ellos figuraban Telefónica de Argentina, Edesur (Endesa), Gas Natural BAN, Metrogas (Repsol YPF), Aguas Argentinas (Aguas de Barcelona) y Autopistas del Sol (Dragados).

Negociar las tarifas

El Gobierno decretó a principios de este mes el aumento de las tarifas del gas (7%) y de la electricidad (10%), amparado en que esos dos sectores estaban regidos por legislaciones sectoriales específicas. Sin embargo, los defensores del pueblo de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Mondino y Alicia Oliveira, obtuvieron de la justicia fallos que frenaron las subidas. Alegaron que el decreto contrariaba la Ley de Emergencia Económica, que creó una comisión negociadora del Ministerio de Economía para revisar las tarifas y las metas de calidad e inversión de los contratos de privatización. El Gobierno apeló las sentencias desfavorables. Mientras tanto, la comisión negociadora está avanzando, 12 meses después de su creación, en materia de aguas y autopistas. En cambio, ni siquiera existe diálogo con las empresas telefónicas, consideradas las más beneficiadas por el régimen dolarizado anterior.

La última cuestión pendiente es el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad del corralón, nombre que designa la pesificación y congelación de los depósitos a plazo en dólares, decidida por el Ejecutivo en enero. La Corte prevé discutir este asunto en febrero. Todos los pronósticos indican que la mayoría de los magistrados se pronunciará en contra de la pesificación y a favor de la redolarización de los ahorros, en un acto de reivindicación del derecho a la propiedad.

El Fondo Monetario Internacional pide a Argentina que frene la actual salida de fondos del corralón por vía de recursos de amparo judiciales porque obliga al banco central de este país a asistir a las entidades financieras, lo que desequilibra el programa de emisión monetaria. Si la Corte convalida el corralón, se cerraría la fuga de depósitos. Si lo rechaza, los bancos deberían devolver el dinero de inmediato y en dólares: un imposible. Por eso el Gobierno y el Fondo Monetario analizan, en ese caso, conceder a los ahorradores un título público en divisas a un plazo mayor a 10 años, una solución ya aceptada por la Corte en el año 1990.