Balance elemental de un año político

Dos rasgos principales, a nuestro entender, han caracterizado políticamente el año que acaba. El primero de ellos ha sido el relevo anticipado en la presidencia de la Generalitat, indicativo del peculiar pulso autonómico valenciano. Peculiar, decimos, porque nos ha revelado que la legislatura concluyó en julio, cuando el presidente Eduardo Zaplana se incorporó al Gobierno central. En términos estatutarios, no dejó tras de sí un vacío de poder, pero es indudable que la gestión pública se sumió en el marasmo, lastrada por este novedoso interregno cubierto por un sucesor que bastante hace con resolver decorosamente la papeleta, agobiado simultáneamente por la tutela del ex molt honorable y la efervescencia electoral del candidato a esa misma poltrona.

Se han perdido seis meses y casi otros tantos que se diluirán en la campaña por el voto en los comicios de mayo. Por lo visto, este país valenciano carece de problemas que le apremien. Su frágil vocación autonomista, además, se pliega a cualquier ventolera. A este respeto ha sido un tanto paradójica la reacción de ciertos núcleos empresariales, otrora zaplanistas fervientes, celebrando con poco recato la partida del hoy ministro de Trabajo. Aún valorándola negativamente desde el punto de vista institucional, consideran que este cambio súbito en el Gobierno les aligera del intervencionismo que -dicen- vienen padeciendo, a pesar de que no pocos de ellos son beneficiarios, si bien no en la medida supuestamente esperada.

Otro de los rasgos aludidos es el chapapote que ha emergido estos días a propósito de la compañía Aguas de Valencia y el pretendido grupo mediático que se promovía al amparo de sus finanzas y por inspiración -dejémoslo así- del ministro. Han corrido ríos de tinta a este respecto y cada quién tiene formada su opinión sobre tan sobresaliente episodio, que no es insólito ni inaudito. Al margen de las sorpresas que nos pueda deparar todavía, la pregunta pertinente -o una de ellas- es cómo podrá repercutir en el electorado. Esta es la única faceta que preocupa a unos -al PP- e interesa a otros, el PSPV, presunto ganancioso de este embrollo. Al final, esto es, a la vuelta del año, colegimos nosotros, quedará en poco más que una invectiva retórica y electorera. La erosión moral del quehacer político que conlleva la aludida maniobra es subalterna a las preocupaciones del pueblo soberano. Muy propio de la inmadurez democrática.

En sintonía con este asunto periodístico es inevitable referirnos a la anunciada privatización -de la gestión, que no de la titularidad- de RTVV. Ha terminado el año y no se han cumplido las promesas de ejecutarla en el 2002. Será, pues, en el 2003 y no hay que ser augur para pronosticar que tampoco se llevará a cabo antes de las elecciones autonómicas y municipales. En consecuencia, proseguirán las andanadas contra dicha berlusconización del ente autonómico, sin que su promotor, el PP, se digne a razonar públicamente la conveniencia. Todo su argumentario se ciñe al escueto compromiso de su programa. Una fatalidad si no se produce el vuelco en las urnas, añadimos nosotros. Algo que -decimos del prodigioso vuelco- pondría a los socialistas en el brete de inventarse un modelo desconocido de RTVV.

Dejando de lado, por prolijos y permanentes, epígrafes como la seguridad ciudadana, sanidad, enseñanza e investigación, ordenación territorial, endeudamiento de las finanzas públicas y algún otro de este mismo calibre, el año que se esfuma nos ha dejado otros capítulos dignos de recordación, y no precisamente por su ejemplaridad. Tales son el apremiado asolamiento del teatro romano de Sagunto, la no menos absurda reválida de valenciano para los licenciados en filología catalana, y nada digamos de la forzada emigración del profesor Bernat Soria para proseguir sus investigaciones -¿en Andalucía?- con células embrionarias. No es culpa del Consell que el euro nos haya empobrecido.

En contrapunto, se ha resuelto satisfactoriamente el problema exportador de las clementinas y las Cortes han alumbrado una ley contra el ruido que puede marcar un hito histórico si hay voluntad política para aplicarla. De la fusión CAM-Bancaixa no se ha vuelto a decir palabra. Se ha caído de la agenda, como el 2002.