Con tendencia a empeorar

El año empezó mal en Andalucía, pero está acabando todavía peor. Políticamente hablando, por supuesto. Aunque después del decretazo y de la huelga general del 20-J, parecía que se iba a producir una rectificación por parte del Gobierno de la nación y que, tras el cambio de Gobierno, se iba a intentar reducir el enfrentamiento con el Gobierno de la Junta de Andalucía y alcanzar acuerdos sobre contenciosos que casi cabría calificar de históricos, nada de eso ha ocurrido. Todo lo contrario.

No es que sigamos donde estábamos. Es que hemos retrocedido. No hay ni un solo terreno en el que hayan mejorado mínimamente las relaciones entre el Gobierno del Estado y el de la Junta de Andalucía. Ni en los que vienen de lejos ni en los más recientes.

Para el Gobierno de la nación y el PP, cuando se trata de Andalucía, vale todo. En las urnas nos encontraremos

Empezando por estos últimos. El decretazo ha sido rectificado casi en su totalidad, pero no en lo que afecta al subsidio agrario y al PER. Territorialmente eso significa que se ha rectificado en todo el Estado menos en Andalucía y Extremadura. Cada día que pasa se tiene la impresión de que, además, no va a haber rectificación en este terreno. Y sin que se haya producido la más mínima explicación de por qué se rectifica en todo lo demás que afecta a todas las comunidades autónomas y no se rectifica en lo que afecta específicamente a estas dos. Cuando, además, por los propios datos que suministró el Gobierno de la nación fue en Andalucía donde más seguimiento de toda España tuvo la huelga del 20-J. Hay como una voluntad de castigo para Andalucía y Extremadura en la no rectificación del decretazo en este punto, que no tiene justificación alguna en términos objetivos y razonables. Tal vez por eso es por lo que no se da.

Pero el Gobierno debería saber que lo que caracteriza a la política en democracia, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas no democráticos, es que hay que dar explicaciones de lo que se hace y que lo que no se puede explicar mediante la palabra no se debe hacer. Si a pesar de ello se hace, la factura se acaba pagando en las urnas. En ellas nos encontraremos.

El pago de la deuda por la anticonstitucional e ilegal liquidación de la participación en los ingresos del Estado a Andalucía desde 1997, ordenada por la Audiencia Nacional. El Gobierno de la nación ha estado, como vulgarmente se dice, mareando la perdiz, solicitando y obteniendo una ampliación del plazo para poder recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional, lanzando mensajes aparentemente conciliadores en el sentido de que no se iba a interponer recurso contra dicha sentencia, reconociendo expresamente el ministro de Hacienda que sabía que tenía una deuda con Andalucía, para acabar interponiendo el recurso ante el Tribunal Supremo. Una vez interpuesto el recurso, Javier Arenas ha dicho que el Gobierno está dispuesto a retirarlo en el caso de que se llegue a un acuerdo con la Junta de Andalucía. ¿De verdad cree Javier Arenas que puede engañar a alguien en Andalucía a estas alturas del guión? En las urnas nos encontraremos.

El robo de Cajasur, mediante la aprobación de la Ley Financiera y el pacto entre la dirección del PP en Andalucía y Miguel Castillejo, denunciado incluso por el obispo de Córdoba. Como ha dicho esta misma semana el presidente de la Junta de Andalucía en declaraciones a la cadena SER, ésta ha sido la mayor agresión al Estatuto de Autonomía para Andalucía en los más de veinte años de vigencia del mismo. Más aún. Ha sido la mayor agresión a cualquiera de los Estatutos de Autonomía vigentes en todas las comunidades autónomas. No hay ni un solo caso, ni de lejos, comparable a lo que se ha hecho con Cajasur. La subordinación de la voluntad general del Estado, de la ley, a la voluntad particular de un cura, sobre cuya conducta pesan sombras de irregularidades y hasta de corrupción, es algo que no se había visto en todos los años de democracia en ninguna parte del territorio del Estado. Pero, por lo que se ve, para el Gobierno de la nación y la mayoría parlamentaria del PP, cuando se trata de Andalucía, vale todo. En las urnas nos encontraremos.

Las políticas activas de empleo, que de acuerdo con lo que se habló a la vuelta del verano parecía que iban a ser transferidas antes de que acabara el año, no sólo no han sido transferidas, sino que, según parece, no van a ser transferidas, en ningún caso, antes de julio, es decir, hasta después de que se hayan celebrado las elecciones municipales. Nuevamente se produce una posposición en el cumplimiento por parte del Estado de una obligación que nace del Estatuto de Autonomía y que debería haber cumplido hace ya muchos años. Tal vez piense el Gobierno que, actuando de esta manera, va a conseguir obtener rendimientos políticos en las elecciones municipales. No es seguro que los obtenga, pero lo que sí es seguro que, en el caso de que así sea, será pan para hoy y hambre para mañana. La arbitrariedad y el oportunismo siempre se acaban pagando. En las urnas nos encontraremos.

Hay más, pero creo que con estos botones de muestra es suficiente. En el clima de crispación general que el PP parece querer introducir a todo el país con la finalidad de enmascarar su incapacidad en la crisis del Prestige, no creo que quepa esperar ninguna mejora en el próximo año. Más bien todo lo contrario. Estamos mal, pero podemos ir a peor. Especialmente en Andalucía, aunque estemos lejos de Galicia. Si no al tiempo. Feliz año.