Los abogados del 'caso CPV' piden que los cuatro administradores vuelvan a prisión

Once abogados que representan a unos 350 perjudicados por el fraude supuestamente cometido por la empresa Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) en tres nuevos barrios de la capital presentaron ayer un recurso de reforma contra la decisión adoptada el pasado día 20 por la juez Coro Monreal de liberar a los cuatro administradores de CPV, que estaban en prisión desde noviembre.

Los abogados exigen a la juez que anule el auto de puesta en libertad de Francisco García Moreno, sus hijos Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez y de Ángel Morillo del Pozo y que decrete su ingreso en prisión. El fiscal encargado del caso, que ya se opuso en su día a la excarcelación de los imputados, también ha presentado recurso.

"La puesta en libertad de los administradores ha sido una decisión gravísima", señala Pedro López Arias, uno de los 11 letrados. "En la trama CPV hay muchas empresas y sólo CPV está intervenida. Los imputados podrían, por ejemplo, realizar movimientos de capital en las otras empresas". López Arias recuerda que el proceso "acaba de comenzar" y que quedan muchas pruebas por efectuar. "Por ejemplo, la testifical: con los cuatro directivos en la calle, les puede resultar fácil ponerse de acuerdo con los testigos para dar una versión de los hechos que les beneficie, o incluso presionarles para que testifiquen a su favor", recordó el letrado.

Nulidad de actuaciones

Los 11 abogados solicitan también en su recurso que todas las actuaciones llevadas a cabo por la juez después del 23 de noviembre pasado sean anuladas, ya que fue en esa fecha cuando el abogado defensor efectuó la primera petición de puesta en libertad de los imputados, pero la juez no informó en ningún momento a los abogados de la acusación de esa petición. "Si la juez los hubiera liberado por su cuenta, no tenía por qué informarnos, pero al ser una solicitud de parte, entendemos que teníamos derecho a presentar nuestras alegaciones y no pudimos", señala López Arias.

En el recurso, los abogados aseguran que han tenido dificultades para conocer la marcha del proceso porque la magistrada no les ha facilitado datos que precisaban. Esta falta de información fue la que motivó, el pasado día 5, el envío de un escrito al Colegio de Abogados en el que los letrados de la acusación se quejaban por el secretismo con el que la juez llevaba el caso. A raíz de ello, el Consejo General del Poder Judicial inició una investigación sobre la actuación de la juez.

Ayer, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, calificó de "desproporcionada" la petición de los letrados y afirmó que "se comparta o no, la libertad de los imputados está prevista en la ley". Por contra, López Arias aseguró que si la juez no encarcela de nuevo a los imputados, apelará su negativa.